México y el gobierno morenista ante la crisis de los desaparecidos y las fosas clandestinas y la presión internacional sobre la violación de derechos humanos.
Por Fernando Ramírez de Aguilar L.
El día de la reapertura del estadio Azteca para el juego entre las selecciones de México y Portugal –porque las obras de reconstrucción del inmueble aún no terminan– y pese al pésimo operativo de la seguridad implementado por las autoridades capitalinas encabezadas por la nefasta Clara Brugada Molina, se llevó a cobo un mitin en las puertas del estadio, en el que familiares y madres de personas desaparecidas reclamaban la falta de atención de las autoridades a su problema y demandaban la aparición de quienes fueron “levantados” por grupos de personas armadas.
Apenas unos días después la madre buscadora de Sonora, quien se ha salvado de varios atentados, Cecilia Flores Armenta, activista e integrante del grupo de Madres Buscadoras de Sonora, logró, sin la ayuda gubernamental, encontrar los restos de uno de sus dos hijos, que desaparecieron en Los Mochis, Sinaloa, tras de ser interceptados por hombres armados. Se comprobó que eran los restos de sus hijos tanto por las repas y objetos personales encontrados como por las muestras de ADN de los huesos.
Y es que el pasado 27 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el informe sobre búsqueda de personas desaparecidas en México. Durante la conferencia matutina de ese viernes, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Dijo que de las 132 mil personas desaparecidas de las que se tiene registro actualmente, 46,742 son registros de personas que no cuentan “con datos suficientes” para realizar su búsqueda.
Esto significa que el 36 por ciento de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, no se están buscando porque no hay datos para iniciar carpetas de investigación.
Los datos abarcan desde 1952 a 2026. donde de los 394,645 de registros que se han realizado, 262,111 han sido localizados, de los cuales, el 92 por ciento fueron localizados con vida, sin embargo, 132,534 continúan sin conocerse su paradero.
De acuerdo al informe presentado por el Gobierno de México, de 2006 a la fecha, en total son 130,178 personas desaparecidas, de ellas, 46,742 no se ha podido iniciar una carpeta.
La razón, de acuerdo a lo esgrimido esa mañana, es porque estos registros no tienen datos completos, es decir, al momento de ser presentadas las denuncias no anotaron datos de identificación como nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, información relevante para poder iniciar una búsqueda.
En ese contexto, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, respondió a las críticas del gobierno de México y sostuvo que el informe sobre desapariciones no se limita a un periodo específico, sino que analiza la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad.
El posicionamiento se da tras el rechazo del gobierno federal en boca de Claudia Sheinbaum Pardo, al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que solicitó al secretario general del organismo llevar la situación de México ante la Asamblea General, en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional en la materia.
Albán enfatizó que el análisis del Comité no se circunscribe a administraciones pasadas, como ha señalado el gobierno mexicano, sino que incorpora información acumulada durante más de una década:
“El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado”, indicó, al precisar que el organismo ha mantenido interacción constante con el Estado mexicano desde 2012. En ese sentido, subrayó que el informe toma en cuenta datos actualizados, incluidos los registros más recientes sobre personas desaparecidas.
De acuerdo con el documento, más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México hasta febrero de 2026, cifra que continúa en aumento, lo que, según el Comité, refleja la magnitud del fenómeno a nivel nacional.
El presidente del CED también respondió a cuestionamientos sobre la naturaleza del organismo, al señalar que los órganos de tratado forman parte del sistema de Naciones Unidas y explicó que estos mecanismos fueron creados por los propios Estados miembros y tienen como función supervisar el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, destacó que los integrantes del Comité son elegidos por los Estados parte, lo que garantiza su legitimidad, aunque actúan con independencia en sus decisiones. Uno de los puntos centrales de la respuesta fue la aclaración sobre el destino del informe. Albán precisó que la decisión del Comité no fue enviada a oficinas técnicas, sino directamente al máximo órgano deliberativo de la ONU. Es decir, a la Asamblea General.
Esto ocurre en aplicación del artículo 34 de la Convención, que permite al Comité escalar un caso cuando existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático. En sus palabras, el procedimiento busca colocar el tema en la agenda internacional para su análisis y eventual adopción de medidas de apoyo al Estado involucrado.
En respuesta a las críticas de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, Albán sostuvo que las diferencias son parte del diálogo internacional, pero marcó distancia frente a los señalamientos: “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, afirmó, al subrayar la necesidad de mantener el respeto institucional hacia los órganos de supervisión en derechos humanos. El Gobierno mexicano ha calificado el informe como “sesgado” y “tendencioso”, al considerar que no refleja los avances recientes en la materia.
En la misma línea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también rechazó las conclusiones del Comité y cuestionó su independencia. Pero lo más grave de todo esto, es que las organizaciones de madres buscadoras de desaparecidos se han quejado que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ha servido de tapadera a los gobiernos morenistas.
La controversia surge luego de que el Comité concluyera que en México existen elementos que apuntan a desapariciones forzadas de carácter generalizado, lo que activó un mecanismo inédito para llevar el caso ante la Asamblea General. El documento también advierte sobre una crisis forense, con decenas de miles de restos humanos sin identificar, así como patrones de impunidad en las investigaciones.
La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC) solicitó la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, “por encubrir la grave e inaceptable crisis de desapariciones que enfrenta el país”. La legisladora acudió a la sede de la Comisión para entregar la solicitud, y adelantó que también presentará una solicitud de juicio político “por encubrimiento y negligencia”, por la postura emitida de la Comisión en contra del informe de la ONU, que señala que en México “se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil “.
Por su parte, el gobierno federal sostiene que no existe una política de Estado orientada a cometer desapariciones y que se han implementado reformas institucionales para atender el problema.
Pero Claudia Sheinbaum se ahoga con su propia saliva, pues en lugar de ser autocrítica y cuestionar la política de su antecesor de “abrazos y no balazos” a las organizaciones criminales, o de exigir a los gobernadores más y mejores resultados en contra de estos grupos de secuestradores y asesinos, en los hechos no hay casi detenidos y procesados por los secuestros, desapariciones forzadas de personas, asesinatos e inhumaciones clandestinas.
Y esa imagen del México violento donde se cometen crímenes de lesa humanidad, va ser una de las que prevalezcan ahora antes y después del mundial de futbol y que puede tener consecuencias económicas, si no es que ya las tiene. La soberbia tiene límites. Y no todo es el pasado, también hay presente y hay mañana. Veremos.
