Proponen sancionar el “halconeo” con penas de hasta 12 años de prisión en Tabasco
La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandra Vélez Plancarte, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 366 del Código Penal del Estado de Tabasco, con el objetivo de endurecer las sanciones contra el delito conocido como “halconeo”.
La propuesta plantea imponer penas que van de tres a doce años de prisión a quienes participen en estas actividades, consideradas como un mecanismo de apoyo a la delincuencia organizada para vigilar o alertar sobre movimientos de las autoridades.
Ambigüedades en la legislación actual
Durante la exposición de motivos, la legisladora explicó que aunque el artículo 366 vigente ya contempla este delito, su redacción actual presenta vacíos legales. Entre ellos mencionó la falta de claridad en los elementos que integran el tipo penal, la ausencia de agravantes bien definidas y la necesidad de ajustarlo al principio de taxatividad establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ello, la iniciativa busca establecer criterios más precisos que permitan a las autoridades actuar con mayor certeza jurídica al investigar y sancionar estas conductas.
Redefinición del delito
Uno de los cambios principales consiste en redefinir el tipo penal para que se acredite que la persona tenía conocimiento de la finalidad delictiva y actuó con la intención específica de facilitar la comisión de un delito o entorpecer la labor de las instituciones de seguridad pública.
Según la propuesta, esta precisión permitiría que la ley sea más clara y acorde con los principios constitucionales.
Nuevas conductas sancionables
El proyecto también amplía las conductas que podrían ser castigadas. Entre ellas se incluyen el uso de equipos de comunicación para alertar sobre operativos de seguridad, la filtración de información o comunicaciones oficiales, así como la utilización de menores de edad, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad para realizar labores de vigilancia para grupos delictivos.
Agravantes que aumentarían las penas
Como parte de la reforma se plantea un catálogo de seis agravantes que permitirían incrementar las sanciones hasta en una mitad. Esto aplicaría, por ejemplo, cuando el halconeo se realice para favorecer delitos de alto impacto o cuando participen servidores públicos o exintegrantes de las Fuerzas Armadas.
Protección a la labor periodística
La iniciativa incluye además una cláusula de exclusión que busca evitar interpretaciones que afecten la libertad de expresión o el trabajo informativo. De esta manera, se establece que no será sancionada la obtención o difusión de información que no tenga fines delictivos, así como el ejercicio de actividades periodísticas o de documentación ciudadana, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
Durante su intervención, Vélez Plancarte sostuvo que la propuesta responde a la necesidad de brindar herramientas legales más eficaces a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.
“El halconeo es la inteligencia del crimen organizado desplegada en nuestras propias calles. Esta reforma no busca endurecer penas por endurecer, sino cerrar los vacíos legales que la delincuencia aprovecha”, expresó.
Datos que respaldan la propuesta de sancionar el “halconeo”
La legisladora indicó que la iniciativa se sustenta en el contexto nacional de seguridad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2026 se registraron 154 mil 703 presuntos delitos en el país.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI estima que durante 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos y se registraron 23.1 millones de víctimas.
Finalmente, Vélez Plancarte destacó que la propuesta se encuentra alineada con el eje transformador “Tabasco en Paz” del Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 y con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, con el propósito de fortalecer las acciones institucionales para construir un estado con mayores condiciones de seguridad y justicia.
