Gobierno federal reconfigura estrategia de búsqueda de desaparecidos con enfoque en datos, coordinación institucional y atención a víctimas
En un contexto marcado por décadas de rezago, dolor acumulado y exigencias sociales, el Gobierno de México anunció una reconfiguración profunda de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, centrada en el uso de herramientas científicas, depuración de registros y fortalecimiento institucional.
Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, delineó un nuevo enfoque que busca atender no solo la dimensión operativa de la búsqueda, sino también el rezago histórico que ha marcado este delito en el país.
Un problema con raíces históricas y evolución criminal
El funcionario subrayó que la desaparición de personas en México no es un fenómeno homogéneo, sino que responde a dos etapas claramente diferenciadas. La primera, vinculada a la llamada “Guerra Sucia” entre las décadas de 1950 y 1990, cuando el aparato estatal utilizó la desaparición forzada como mecanismo de represión política.
La segunda etapa, explicó, se detonó a partir de la estrategia de seguridad iniciada en 2006, que derivó en un incremento de desapariciones relacionadas con el crimen organizado, en un contexto de violencia generalizada.
En este punto, hizo referencia al caso emblemático de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, , cuya investigación —dijo— continúa siendo prioritaria para el Estado mexicano.
De registros dispersos a una base con criterios científicos
Uno de los ejes centrales del nuevo planteamiento gubernamental es la revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Medina reconoció que, durante años, este sistema permitió el ingreso de información sin criterios homogéneos ni mecanismos suficientes de verificación, lo que generó inconsistencias y dificultades para las labores de búsqueda.
Ante ello, la administración actual impulsa una depuración basada en metodologías científicas y análisis de datos, con el objetivo de construir un padrón confiable que permita diseñar estrategias más efectivas.
Este proceso se articula con el trabajo de la , instancia que ha sido fortalecida con mayor personal especializado y equipamiento tecnológico.
Reformas legales y նոր arquitectura institucional
Como parte de esta nueva etapa, en julio de 2025 se publicaron reformas clave en materia de desaparición y población, que introducen cambios estructurales en el sistema de búsqueda. Entre ellos destacan:
- La creación de una Alerta Nacional de Búsqueda inmediata.
- La obligación de iniciar carpetas de investigación desde el primer reporte.
- La implementación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- El desarrollo de una Plataforma Única de Identidad.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Además, se estableció la obligatoriedad de que todas las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas y unidades de investigación dedicadas a este delito, con el fin de homologar capacidades en todo el país.
Coordinación interinstitucional y participación de víctimas
El rediseño de la estrategia contempla una mayor articulación entre dependencias federales, fiscalías estatales, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas, bajo un esquema que busca evitar la fragmentación institucional.
Asimismo, el subsecretario destacó que las reformas fueron impulsadas en coordinación con colectivos de familiares, quienes han sido actores clave en la visibilización del problema y en la construcción de políticas públicas.
Compromiso político y deuda pendiente
En el plano político, Medina reiteró el compromiso del gobierno encabezado por de garantizar verdad y justicia, así como de evitar que las instituciones del Estado vuelvan a ser utilizadas para reprimir a la población.
No obstante, el diagnóstico presentado deja ver que el reto sigue siendo mayúsculo: reconstruir la confianza en los registros oficiales, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y, sobre todo, dar პასუხo a miles de familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.
La actualización de la estrategia, más que un punto de llegada, se perfila como el inicio de una nueva fase en la política pública sobre desapariciones en México, donde la eficacia institucional será puesta a prueba frente a una de las crisis humanitarias más profundas del país.
