INMOBILIARIAS PRIVATIZAN IMPUNEMENTE LAS ZONAS COSTERAS DE QUINTANA ROO
+EJIDATARIOS, COMUNEROS Y MUJERES INDÍGENAS MAYAS, VÍCTIMAS DE DESPOJO DE SUS TIERRAS EN QUINTANA ROO
Por Silvia Hernández Martínez
Las mafia agraria e inmobiliaria, que desde hace décadas han venido despojando a ejidatarios, comuneros y mujeres indígenas mayas, crecen mientras la injusticia gobierna el estado de Quintana Roo, en donde se permite el desalojo de familias en pobreza y los complejos turísticos aumentan y ocupan su lugar.
El despojo de tierras en las zonas costeras de Quintana Roo es una problemática persistente, impulsada por la alta plusvalía turística y el desarrollo inmobiliario. Afecta principalmente a ejidos, comunidades indígenas y pequeños propietarios, a menudo mediante el uso de documentos falsos, violencia o desinformación, resultando en la pérdida de tierras sociales.
Mecanismos de despojo: Desde 1992, miles de hectáreas ejidales han sido privatizadas en la península de Yucatán, incluyendo Quintana Roo, para desarrollo turístico y se han documentado casos donde terrenos ejidales fueron adquiridos a precios muy bajos y revendidos a empresas a valores mucho mayores, como ocurrió con terrenos en la zona costera.
El despojo provoca la precarización de comunidades campesinas e indígenas, forzando la migración y la pérdida de su cultura.
La Ley de Expropiación de Quintana Roo permite la expropiación por utilidad pública con indemnización. Además, proyectos federales como el Tren Maya han implicado la expropiación de tierras ejidales en la zona.
El delito de despojo se castiga con penas que varían según la legislación local, a menudo involucrando multas y prisión para quienes ocupen inmuebles sin consentimiento; sin embargo las denuncias ante las autoridades se van dejando al tiempo y finalmente el pobre propietario sale perdiendo.
INSTITUCIONES FACILITAN LA PRIVATIZACIÓN
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) ha señalado que las delegaciones del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA) a veces facilitan la privatización de tierras, en tanto que la “mafia inmobiliaria” en la costa de Quintana Roo sigue activa entre 2025 y 2026, operando principalmente a través de despojos, fraudes en preventas, falsificación de documentos y desarrollos irregulares en zonas de alta plusvalía como Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Este fenómeno involucra una red que conecta a falsos desarrolladores, notarios, y en ocasiones, a funcionarios públicos, según reportes recientes.
MODUS OPERANDI
Auge de fraudes en preventa y “remates”: Se han incrementado las estafas donde inmobiliarias venden proyectos inexistentes o sin permisos de construcción, desapareciendo tras recibir anticipos. En 2025, el fraude en vivienda usada aumentó un 110% y en el sector vertical un 58%.
Despojo de tierras y cártel del despojo: Continúan operando redes que invaden predios, falsifican títulos de propiedad y utilizan juicios laborales amañados para apropiarse de inmuebles. Empresas falsas se apoderan de tierras nacionales, incluso en áreas proyectadas para el Tren Maya.
La zona de mayor riesgo es Tulum/Solidaridad donde se han denunciado desarrollos de lujo (ej. edificios de 7 pisos) en Tulum que carecen de permisos ambientales y de construcción, poniendo en riesgo el ecosistema.
Falsos remates bancarios: Vendedores fraudulentos utilizan contratos apócrifos y simulan remates bancarios para enganchar a compradores con precios bajos.
EN 2025 MÁS DE 116 DESARROLLOS IRREGULARES
Inseguridad patrimonial: La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) ha reportado el boletinaje de más de 116 desarrollos inmobiliarios irregulares durante 2025.
Ante estas cifras SEDETUS alerta que las autoridades de Quintana Roo han instado a verificar la legalidad de los predios ante el Registro Público de la Propiedad antes de realizar cualquier inversión.
Investigaciones activas: La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene investigaciones sobre redes de fraude, especialmente aquellas que utilizan redes sociales para ofrecer terrenos irregulares.
Denuncias ciudadanas: Se recomienda denunciar ante la FGE y evitar la compra de lotes que no cuenten con certeza jurídica, servicios básicos o que se encuentren en zonas invadidas.
Mayab Noticias documentó que el ejido Playa del Carmen fue víctima de la invasión de 32 hectáreas de tierra ubicadas en una zona de alta plusvalía como es la avenida Benito Juárez, y los líderes que encabezaron el despojo crearon cuatro asentamientos irregulares: San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, Alga y Omega y uno sin nombre, comercializando los lotes en 100 mil los habitacionales y 150 mil los comerciales.
“Los vecinos de las colonias irregulares bloquean accesos con palos, piedras, madera y cartón tras trascender un desalojo en la zona, hasta el momento las fuerzas municipales, estatales y federales no han intervenido”, un desalojo que pudo haber terminado en tragedia.
DESPOJO, UN DELITO LLENO DE CORRUPCIÓN Y SIN JUSTICIA
Uno de los medios locales “ruptura 360.mx” señala que “De acuerdo con datos oficiales, entre 1993 y 2018 se parcelaron más de 208 mil hectáreas de tierras de uso común para su posible privatización, con un repunte significativo en los últimos 10 años (Por Esto, La mafia agraria alcanza Quintana Roo, 12 de febrero 2021), situación que incrementó los litigios en materia agraria, especialmente en zonas costeras como Tulum, Isla Mujeres y Bacalar (Novedades Quintana Roo, Crecen litigios por tierras ejidales en Quintana Roo, 11 de octubre de 2024).
Ello se debe principalmente a la expansión turística como motor que impulsa la especulación inmobiliaria, generando presiones sobre ejidos cercanos a la costa, a lo que hoy se conoce también como gentrificación en algunos grupos políticos y sociales”.
Y documento algunos de los casos más emblemáticos de despojo que se han dado son los siguientes:
Supermanzana 247 (2018): En Cancún, la devastación de una amplísima zona de 50 hectáreas propiedad de un banco, realizado con fines políticos que fue posteriormente tomado por el crimen organizado, generó protestas y litigios, destacando la reciente detención de algunos promotores en el año 2025, pero dejando un daño ecológico y un conflicto de desarrollo urbano sin precedentes.
Ejido Jacinto Pat (2018): En Playa del Carmen, se denunciaron ventas fraudulentas de tierras ejidales, involucrando a notarios y empresarios, de manera semejante a la realizada con la desastrosa corrupción que se gestó con la colonia Colosio en la que el Gobierno de Quintana Roo fue parte.
Caso Bacalar (2020): En este municipio se reportaron despojos mediante documentos falsificados, afectando a comunidades indígenas, aunado a la deforestación de grupos menonitas que han afectado el desarrollo ecológico con daños a los acuíferos, a la laguna, a la vida de las abejas, etcétera.
Proyecto Tulum (2022): La expansión turística en Tulum ha llevado a múltiples denuncias de despojo, con casos emblemáticos como el desalojo de familias ejidales para proyectos hoteleros, y con un alto porcentaje de personas que viven sin certeza jurídica y sin drenajes en ese y otros municipios.
Las Palmas: En el municipio de Othón P. Blanco, donde un grupo de personas solicitaron el reconocimiento de posesión y posterior enajenación de terrenos nacionales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por tratarse de tierra federal, y en la que de pronto apareció un líder religioso con documentos municipales, es decir, de una autoridad sin facultades por el origen de la tierra, a despojar a los promotores primarios.
DESPOJO SIN CONSECUENCIAS
Ruptura 360 también refiere que este aumento de delitos contra el desarrollo urbano sin consecuencias contundentes, no solamente es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que acumula carpetas sin solución, en muchos casos debido a la protección de personajes políticos que desde los tiempos de Roberto Borge Angulo y hasta hoy en día, han fomentado invasiones y despojos con fines electorales siendo premiados por sus respectivos partidos políticos con cargos locales y federales, sino que también producto de reformas al código penal sin consecuencias claras o carentes de penas, como las que fueron recientemente adicionadas.
MUJERES INDÍGENAS MAYAS, VÍCTIMAS DE DESPOJO
Diversas investigaciones, reportajes y denuncias indican que las mujeres en Quintana Roo, particularmente las indígenas mayas y ejidatarias, han sido víctimas de despojo de sus tierras, ligado a conflictos de alta plusvalía, proyectos de desarrollo, y en ocasiones, a la complicidad entre particulares, empresarios y autoridades.
Casos específicos de alto perfil: Se han reportado casos emblemáticos, como el de una mujer de 83 años, considerada una de las primeras cocineras de Cancún, quien fue despojada de su terreno por un alto funcionario.
Despojo por proyectos e intereses inmobiliarios: Se han documentado casos en municipios como Solidaridad y Tulum, donde ejidatarios y familias, incluyendo mujeres, son despojados de sus propiedades, a veces bajo la simulación de obras públicas.
Falsificación de documentos y engaños: Se ha señalado el uso de estrategias fraudulentas, como la falsificación de documentos o la simulación de muertes de propietarios, para arrebatar terrenos a mujeres de edad avanzada.
SOLAS SE DEFIENDEN DE LA MAFIA AGRARIA
Todos temen a la “Mafia Agraria”, denuncias señalan la existencia de redes de particulares y exfuncionarios que buscan apropiarse de tierras ejidales en zonas turísticas de alto valor y pese a las amenazas y el miedo, muchas mujeres se organizan para defender sus tierras, realizando guardias y construyendo viviendas para evitar la invasión.
En algunos casos, el gobierno federal ha llevado a cabo acciones para devolver tierras a mujeres mayas que fueron despojadas, reconociendo una deuda histórica. Mientras la Fiscalía de Quintana Roo solo ha mantenido investigaciones abiertas por la invasión y despojo de terrenos en áreas como Mahahual y Playa del Carmen.
OPINIONES DE MOMENTO DESDE NOJ CAJ SANTA CRUZ BALAM NAJ KAMPOCOLCHÉ
La comunidad maya exige: El despojo de las costas de Quintana Roo y la privatización ilegal de todas las costas mexicanas. Lo que estamos viendo y viviendo en nuestro país no es un simple “error administrativo”, es la culminación de décadas de neoliberalismo rapaz, pero ahora cobijado por el manto protector de algunos funcionarios 4teistas.
La “venta” – de hecho así es – de nuestras costas representa la entrega de la soberanía nacional al mejor postor, donde la complicidad entre el poder político y la mafia inmobiliaria en Quintana Roo ha convertido un derecho constitucional en un privilegio de lujo.
El intento de la Pdta. Sheinbaum, por ordenar las políticas públicas en todos los rubros, son actos necesarios aunque se ha topado con resistencias, que apenas raspa la superficie de la podredumbre estructural.
En el caso de las playas, desde mi perspectiva el verdadero problema es la concesión irregular de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
En este contexto, también hay alcaldes de “ventanilla”, es decir funcionarios municipales han operado como agentes de bienes raíces para capitales extranjeros, otorgando permisos de construcción en dunas y humedales, violando leyes ambientales y de asentamientos humanos.
En Quintana Roo, habría que investigar los cárteles inmobiliarios costeros, que a todas luces son empresas que mediante prestanombres y fideicomisos opacos, han cercado el acceso al mar, desplazando a las comunidades originarias – Mayas Cruzo’ob – y pescadores locales.
Así mismo, no podemos hablar de playas sin señalar a los megaproyectos turísticos y parques temáticos, que bajo el discurso del “progreso” y la “generación de empleo” (empleos, por cierto, de salarios mínimos y condiciones precarias), se han apropiado de cenotes, manglares y kilómetros de playa.
En Quintana Roo, la privatización es de facto, esto se consuma al rodear las playas con infraestructura privada, crean barreras físicas y psicológicas que expulsan a las comunidades y pueblos indígenas de sus propios tierras, territorios y centros de recreación.
Ojalá que nuestra voz, se escuchada por la Pdta. Sheinbaum exigiendo Justicia Social y Transparencia a esta demanda popular que consideramos que debe ser clara dentro de estos parámetros:
Auditoría integral de concesiones: Es urgente que la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publiquen los nombres de los beneficiarios de cada metro cuadrado de costa concesionada en los últimos 30 años.
Revocación inmediata: No basta con “llamadas de atenciones amigables”; se deben revocar las concesiones obtenidas mediante sobornos o tráfico de influencias.
La aplicación inmediata de la Ley de acceso libre y real: El artículo 27 constitucional debe ejercerse con rigor en dónde señala que: la nación es dueña originaria, en este sentido necesitamos accesos públicos dignos, señalizados y protegidos, no “pasillos de servidumbre” escondidos entre hoteles.
Nosotros como Mayas Cruzo’ob, somos dueños ancestrales de las playas de tal forma no lo percibimos como una mercancía, es nuestra esencia territorial y soberana. Y por supuesto enfatizó, que mientras el turismo sea visto solo como una cifra de inversión y no como una herramienta de bienestar social hacía los pueblos originarios, el despojo continuará en detrimento de nosotros”.
