EEUU acusa a Chile de afectar la seguridad regional por proyecto de cable con China y revoca visas a funcionarios
La decisión del Departamento de Estado de EE.UU. de retirar las visas a tres altos funcionarios del gobierno de Gabriel Boric abrió un nuevo foco de tensión diplomática entre Santiago y Washington. La medida afecta a autoridades que participaron en el desarrollo del proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), iniciativa que busca conectar directamente Valparaíso con Hong Kong a través del Pacífico.
El plan, aún en fase de análisis, es observado con inquietud por la administración estadounidense debido a sus implicancias estratégicas y geopolíticas, especialmente en materia de seguridad de la información y resguardo de datos sensibles.
Revocación de visas a funcionarios involucrados
La revocación —comunicada en un documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio— alcanza al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y al jefe de gabinete de Subtel, Guillermo Petersen.
Como reacción, el gobierno chileno presentó una nota de protesta y llamó a consulta al embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, en señal de molestia por la determinación.
Argumentos de Washington
En su declaración oficial, la administración norteamericana sostuvo que la medida reafirma el compromiso del presidente Donald Trump con la protección de la prosperidad económica y la seguridad nacional de su país en la región. Asimismo, cuestionó el legado del gobierno de Boric y expresó su intención de fortalecer prioridades compartidas con la futura administración de José Antonio Kast.
“El planteamiento fue claro”, señaló el diplomático, descartando cualquier sorpresa por parte del Ejecutivo chileno. Añadió que el desarrollo del cable podría afectar la confianza en los mecanismos de intercambio de información entre ambos países.
La respuesta chilena
El ministro Muñoz confirmó en entrevista con Tele13Radio que el embajador le había anticipado la posibilidad de sanciones si el proyecto avanzaba. Según relató, Estados Unidos considera que una conexión directa con China a través del Pacífico podría constituir un riesgo tanto para la seguridad estadounidense como para la chilena.
No obstante, el secretario de Estado chileno calificó como “inauditas” las acusaciones de socavar la seguridad regional y aseguró que los antecedentes entregados por Washington serían evaluados conforme a los procedimientos internos.
Posibles repercusiones
Judd advirtió además que, de concretarse el proyecto sin atender las inquietudes planteadas, podría revisarse el conjunto de programas de intercambio de información vigentes entre ambos países, algunos de los cuales —dijo— reportan beneficios concretos en materia de seguridad y cooperación.
Pese al impasse, el embajador manifestó confianza en que la próxima administración chilena adoptará medidas para resguardar la seguridad de los datos y mantener la estrecha relación bilateral.
“Trabajando juntos podemos asegurar que nuestro vecindario compartido sea más seguro y próspero”, concluyó el representante diplomático, aludiendo al reciente resultado electoral que dio el triunfo a Kast y anticipando una nueva etapa en la relación entre Santiago y Washington.
