Convención Americana sobre los Derechos Humanos Revela Claves
La Chispa te trae el análisis completo sobre la reciente presentación editorial encabezada por la Ministra Loretta Ortiz, donde la Convención Americana sobre los Derechos Humanos vuelve al centro del debate jurídico nacional e internacional.
En el marco del Día Internacional de la Justicia Social, la Ministra subrayó que entre el texto jurídico y la realidad cotidiana existe un espacio que debe ser ocupado por la interpretación responsable, la argumentación sólida y decisiones judiciales comprometidas con el respeto a derechos humanos.
Durante la presentación del libro “Comentarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se destacó la importancia de fortalecer una política exterior enfocada en derechos humanos y consolidar criterios jurisdiccionales alineados con los estándares del Sistema Interamericano.
Convención Americana sobre los Derechos Humanos y su impacto jurídico
La obra “Comentarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, presentada desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se limita a describir el contenido de cada artículo.
Según explicó la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, el texto ofrece un análisis crítico que integra la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la doctrina especializada y la experiencia jurídica mexicana, fortaleciendo así el marco de protección de garantías fundamentales.
En este contexto, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se consolida como un instrumento clave dentro del derecho constitucional contemporáneo, especialmente en la interpretación judicial con enfoque pro persona y perspectiva de vulnerabilidad.
Un puente entre teoría y práctica
“Esta obra tiene un valor adicional: tiende puentes entre teoría y práctica y contribuye a fortalecer la confianza social en las instituciones y a consolidar una cultura jurídica más comprometida con los derechos humanos. Buscamos que la Convención deje de percibirse como un instrumento distante y se convierta en una guía operativa para la judicatura, la academia y el litigio estratégico.”, agregó.
La Ministra enfatizó que la aplicación efectiva de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos depende de herramientas interpretativas sólidas que permitan su correcta implementación en tribunales nacionales, armonizando el derecho interno con estándares internacionales.
Interpretación judicial y justicia social
De igual forma, la Togada señaló que la Convención Americana sobre Derechos Humanos representa “la promesa colectiva de que el derecho puede contribuir a construir sociedades más justas”. No obstante, advirtió que esto solo se materializará cuando existan mecanismos claros para comprenderla, interpretarla y aplicarla con coherencia y responsabilidad.
“La obra que hoy presentó junto a Víctor Miranda, constituye precisamente una de esas herramientas. Lo que estamos buscando es coadyuvar para que los derechos humanos no se ejerzan en condiciones homogéneas pues cada persona enfrenta contextos distintos que deben ser considerados en la interpretación judicial”, comentó.
Este enfoque reafirma el compromiso institucional con el respeto a derechos humanos, priorizando criterios diferenciados cuando se trata de grupos vulnerables.
Caso emblemático: justicia con perspectiva de infancia y discapacidad
Finalmente, Loretta Ortiz mencionó algunos ejemplos concretos de cómo juzgar con perspectiva en derechos humanos hace la diferencia para la vida cotidiana de las personas.
Entre ellos, destacó el caso donde un recién nacido vio vulnerados sus derechos por la negativa de una aseguradora a cubrir los costos de sus implantes, indispensables para que pueda escuchar.
” Hace poco me fue colocado un implante coclear, circunstancia que me permitió acercarme de manera directa a la complejidad médica y técnica que conlleva este procedimiento. El pasado 4 de febrero, en la Suprema Corte conocimos el caso de un infante que nació con hipoacusia bilateral profunda (sordera congénita). Sus padres contrataron un seguro de gastos médicos que incluía la cobertura de esta condición, pero la aseguradora negó la cobertura. Esa decisión retrasó durante meses la cirugía y produjo afectaciones irreversibles”, explicó.
Ante esta negativa, comentó, los padres iniciaron un proceso legal que terminó en la Suprema Corte. Donde se sostuvo que la aseguradora debía cubrir los gastos pues el acceso a la justicia no puede limitarse por interpretaciones procesales que, en la práctica, impiden resolver el fondo del asunto.
” Cuando está involucrado un infante con discapacidad, las autoridades deben examinar si existen barreras que dificulten su acceso efectivo a la justicia y realizar los ajustes necesarios. La perspectiva de infancia y de discapacidad debe permear todas las etapas del procedimiento. La justicia constitucional debe operar con coherencia interna y plena eficacia protectora”, detalló.
Por último, la Ministra felicitó a todas las personas que hicieron posible este trabajo editorial y agradeció a quienes siguieron por redes sociales la presentación de dicha obra.
