Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, acusa intento de juicio político
La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, afirmó que enfrenta un intento de destitución promovido por actores políticos y grupos de poder que, según dijo, buscan frenar su gestión y silenciar su postura pública.
El pronunciamiento difundido el sábado 14 de febrero a través de sus redes sociales, donde sostuvo que existe una intención de “enjuiciarla políticamente” y de acallar su voz en medio de recientes cuestionamientos a su administración.
Un contexto marcado por la violencia en Uruapan
La situación ocurre meses después del asesinato de su esposo, el entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público en el municipio michoacano.
Tras el homicidio, el Congreso del Estado de Michoacán avaló que Quiroz asumiera la presidencia municipal para dar continuidad al proyecto político que encabezaba su esposo.
Desde entonces, la administración local ha operado bajo un clima de tensión política y social, con investigaciones abiertas relacionadas con el crimen y con detenciones de colaboradores cercanos al gobierno municipal.
Señalamientos administrativos y revisión fiscal
En las últimas semanas, legisladores locales han solicitado a la Auditoría Superior de Michoacán revisar el manejo de recursos públicos del Ayuntamiento, particularmente en lo referente a variaciones en el cobro del impuesto predial.
Estas solicitudes forman parte de los mecanismos legales de fiscalización; sin embargo, la alcaldesa considera que se trata de una estrategia para desacreditar su gestión y debilitar el movimiento político que representa.
Sus críticos, por su parte, han señalado posibles irregularidades administrativas y fiscales, lo que ha derivado en llamados a auditorías y revisiones formales.
Gobernabilidad en disputa
Desde que asumió el cargo, Quiroz ha enfrentado amenazas, cuestionamientos públicos y controversias que han puesto a prueba la gobernabilidad en Uruapan. Para la alcaldesa, el trasfondo del conflicto no es únicamente administrativo, sino político, al sostener que existe una intención de “matar el movimiento” que inició su esposo.
Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre un proceso formal de destitución o juicio político en su contra, ni sobre cargos presentados ante instancias judiciales que respalden dichas acusaciones.
El escenario mantiene abierta una nueva confrontación política en el municipio, donde la discusión sobre la fiscalización y la estabilidad institucional se entrelaza con la disputa por el liderazgo local.
