Puebla busca cerrar el paso al despojo inmobiliario con penas más severas y castigo a redes de corrupción
La iniciativa enviada al Congreso endurece sanciones, eleva multas y apunta contra autores intelectuales y notarios que faciliten el delito.
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.— Frente al aumento de casos de despojo inmobiliario y la operación de redes que lucran con la apropiación ilegal de bienes, el Gobierno de Puebla presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para fortalecer el marco penal y desarticular prácticas de corrupción asociadas a este delito, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
La propuesta plantea un incremento sustancial de las penas de prisión y de las sanciones económicas, con un énfasis particular en la protección de sectores históricamente vulnerables, como personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y comunidades indígenas, quienes suelen ser las principales víctimas de estas prácticas.
De acuerdo con el funcionario estatal, la reforma eleva la pena base por despojo de bienes inmuebles de un rango de 6 a 12 años de prisión, además de imponer multas que irán de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). No obstante, el endurecimiento es mayor cuando se trata de quienes financian, planean o dirigen estas operaciones: los autores intelectuales enfrentarían sanciones de 7 a 15 años de cárcel y multas que podrían alcanzar hasta 3 mil UMAS.
“La intención es cerrarle el paso a la corrupción y a los mecanismos que permiten que este delito se repita. Ahora la iniciativa está en manos de las y los diputados, quienes analizarán y determinarán lo conducente”, señaló García Parra.
El proyecto legislativo también pone la lupa en prácticas que facilitan el despojo con fines lucrativos, como la comercialización ilegal de tierras, la lotificación irregular y la especulación inmobiliaria. En estos casos, la pena podrá incrementarse hasta en una tercera parte, especialmente cuando se utilicen documentos falsos, se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o exista participación dolosa de notarios públicos para facilitar o encubrir el delito.
Con esta reforma, el Gobierno de Puebla busca no solo castigar con mayor severidad el despojo inmobiliario, sino también desmantelar las estructuras que lo hacen posible. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para proteger el patrimonio de las familias, fortalecer la legalidad y garantizar el acceso a la justicia de quienes han sido históricamente más expuestos a este tipo de abusos.
