Regular la mentira
El simple anuncio de la regulación del derecho a la información, es pretexto para la oposición para denunciar un supuesto ataque a la libertad de prensa. Es decir, ni siquiera existe una propuesta definitiva y se manifiestan contra su contenido, el cual no existe, pero como dicha práctica crítica se crea el puente ideal para cuestionar y alardear prohibiciones inexistentes.
Cualquier intento de modificación a las reglas de la comunicación es rechazada, inmediatamente y de manera contundente, por los medios mexicanos. No permiten que se mueva un ápice, acusan Ley Mordaza, a pesar de sus propios excesos.
Su manera de operar en defensa de la libertad de expresión está más cerca del delito que el de la responsabilidad social de informar con la verdad.
Para nadie es un secreto el intento de extorsión que realizó Televisa contra la entonces candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, a quien le solicitaron 200 millones de pesos para no hablar mal de ella. Ante la negativa, la guerra sucia se desató, paralelamente, encabezada por el macabro empresario Arturo Castagné, cuyo hijo fue asesinado en Puebla, en circunstancias muy oscuras, el 5 de agosto de 2018.
La negativa de Nahle a pagar la suma llevó a Televisa a emprender una campaña de desinformación en su contra, paralela a la guerra sucia difundida por su contrincante electoral Pepe Yunes, quien siempre se refería a ella como “La zacatecana”.
El entonces Presidente señaló que, a pesar de la negativa, la presión mediática y las acusaciones no cesaron después de que la extorsión fracasara.
La televisora añadió a la guerra una serie de encuestas ficticias que la colocaban en segundo lugar, eso sí por un margen reducido.
En esos meses, López Obrador denunció la participación de El Universal en la campaña negra contra Rocío Nahle.
Por otra parte, y recientemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la importancia de defender el derecho de las audiencias tras la denuncia del gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, sobre una amenaza de TV Azteca para dañar su imagen.
Claudia Sheinbaum destacó que, aunque comúnmente se piensa que el gobierno presiona a los medios, pero también ocurre lo contrario: si no se les apoya, se les ataca como ocurrió en TV Azteca con Alejandro Armenta.
Esta práctica no es nueva, es común en la mayoría de los medios convencionales y algunas veces está fuera del control de los propietarios y directivos, son los reporteros, columnistas o comentaristas, quienes condicionan la veracidad de la información a cambio de dinero.
La mayoría de los que se autodenominaron líderes de opinión así operaban cotidianamente, porque el subsidio directo que recibían del gobierno no les alcanzaba para comprar yates o vacacionar en Acapulco con la familia.
Bastaba tener un espacio en los medios para iniciar la trayectoria “periodística” basada en la extorsión. Esta es la historia negra de un periodismo que nunca lo fue y que en cada intento por regular la difusión de la verdad, se califique de Ley mordaza o censura autoritaria.
El perjudicado siempre es el ciudadano que es confundido en nombre de los intereses de una minoría a través de la manipulación que hace de quienes no les pagan un corrupto.
Es tiempo de hacer valer el derecho a la información, al que todos los mexicanos deben tener acceso. Sancionar las mentiras, castigar los montajes, retirar licencias a los medios en caso de no cumplir con sus objetivos acordados, etc.
El auditorio es la mayoría, los emisores de noticias es una minoría, sin embargo, prevalece el criterio de los que son menos pero tienen mayores recursos económicos, lo cual no es de ninguna manera democrático.
