Carta obligatoria en premios literarios abre debate sobre legalidad y límites del Estado cultural
Una política administrativa aplicada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en convocatorias de premios nacionales de poesía ha detonado una creciente controversia en el ámbito cultural, al ser señalada por posibles violaciones a derechos constitucionales básicos y por exceder las atribuciones de las autoridades culturales.
Desde 2020, las y los participantes en certámenes como el Premio Aguascalientes de Poesía deben firmar una carta en la que declaran, bajo protesta de decir verdad, no haber incurrido en conductas de violencia sexual u otros delitos. El documento establece además que, en caso de resultar ganadores, el premio podría ser retirado si surgiera alguna acusación posterior, aun sin resolución judicial de por medio.
Especialistas y creadores advierten que esta medida, presentada oficialmente como un mecanismo de prevención y protección, en la práctica introduce una presunción anticipada de culpabilidad y traslada a los autores la carga de probar su inocencia. A su juicio, ello contraviene principios como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la prohibición de actos estigmatizantes por parte del Estado, consagrados en los artículos 1º y 20 de la Constitución.
El debate cobró nueva fuerza este fin de semana luego de que la poeta María Rivera denunciara públicamente la existencia y el contenido de esta carta. En sus declaraciones, subrayó que los premios literarios evalúan obra y trayectoria artística, no la vida privada ni la “conducta moral” de quienes participan. “Las autoridades culturales no son tribunales”, recordó, al señalar que ni la Coordinación Nacional de Literatura ni el INBAL tienen facultades para juzgar, sancionar o condicionar derechos culturales sin un debido proceso.
La política fue instaurada tras un caso ocurrido en 2020, cuando un poeta fue públicamente señalado por la propia Secretaría de Cultura y posteriormente exonerado. Por esos hechos, la dependencia fue sancionada años después al acreditarse violaciones a la presunción de inocencia. Sin embargo, en lugar de eliminar prácticas cuestionadas, la medida se formalizó como requisito administrativo en convocatorias posteriores.
Carta obligatoria en premios literarios abre debate sobre legalidad y límites del Estado cultural
De acuerdo con voces críticas, el problema trasciende un solo premio. Disposiciones similares ya aparecen en certámenes estatales y municipales, como el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, el Premio Internacional de la Ciudad de Mérida o el Premio Jaime Sabines en Chiapas, donde incluso se han añadido restricciones para personas señaladas como presuntas deudoras alimenticias, sin necesidad de sentencia firme.
Para Rivera y otros integrantes del gremio, lo que está en juego es un precedente delicado: la normalización de filtros morales impuestos desde la administración cultural para acceder a bienes simbólicos del Estado. Por ello, la poeta llamó a explorar recursos legales contra la Secretaría de Cultura y contra la Coordinación Nacional de Literatura, actualmente dirigida por Nadia López García, por una política que consideran inconstitucional.
Mientras tanto, el silencio de buena parte de la comunidad literaria —atribuido al temor de represalias o de quedar fuera de futuras convocatorias— alimenta la preocupación de que estas prácticas se consoliden. En palabras de los críticos, cuando la cultura se gestiona desde la sospecha y el castigo preventivo, deja de ser un espacio de libertad para convertirse en un instrumento de control institucional.
