Caso Axe Ceremonia 2025 abre debate sobre responsabilidad empresarial en eventos masivos
La investigación por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia 2025, dio un giro relevante al incorporar formalmente a empresas clave en la organización y seguridad del evento como imputadas por el delito de homicidio, de acuerdo con notificaciones emitidas por la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
El pasado 20 de enero, la FGJ notificó que Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA), promotora del festival, así como Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad, fueron incluidas de manera formal en la imputación. Esta decisión se suma a una carpeta de investigación que ya contempla a cinco empresas y ocho personas físicas presuntamente involucradas.
De acuerdo con el equipo legal de la familia de Berenice Giles, la inclusión de ambas compañías en las indagatorias se había determinado desde el 14 de enero por la agente del Ministerio Público Mercedes Karina Granados, luego de que tres jueces distintos ordenaran que se ampliara la investigación para considerar la posible responsabilidad de las personas morales involucradas en la planeación y operación del evento.
La determinación judicial representa un precedente relevante, al reconocer que en hechos ocurridos dentro de espectáculos masivos no solo pueden existir responsabilidades individuales, sino también omisiones estructurales relacionadas con protocolos de seguridad, supervisión y toma de decisiones operativas.
Caso Axe Ceremonia 2025 abre debate sobre responsabilidad empresarial en eventos masivos
En este contexto, el padre de Berenice Giles difundió un mensaje en video en el que advirtió sobre la existencia de grupos que buscan desvirtuar la exigencia de justicia, señalando que dichos intentos no responden a la verdad de los hechos ni al legítimo reclamo de las familias, sino a intereses ajenos al esclarecimiento del caso.
“Lo único que buscamos es justicia y que se asuman responsabilidades”, expresó, al tiempo que reiteró que la lucha emprendida por las familias de las víctimas no persigue fines políticos ni económicos, sino el reconocimiento de las fallas que derivaron en una tragedia evitable.
El caso ha generado un amplio debate en el sector cultural y de espectáculos sobre las condiciones de seguridad en festivales, la supervisión de empresas privadas y el papel de las autoridades en la autorización y vigilancia de eventos de alta concentración. Mientras tanto, las familias de Berenice y Miguel Ángel mantienen su exigencia de que el proceso judicial avance sin dilaciones y con plena transparencia.
