San Quintín: del campo de exportación a la deuda social
La situación de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, volvió al centro del debate público, no solo como un asunto laboral, sino como un pendiente estructural de justicia social que el Estado mexicano busca saldar. Así lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al reconocer que, pese a los avances alcanzados en años recientes, persisten prácticas empresariales que vulneran derechos básicos de miles de trabajadores del campo.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal subrayó que en la región todavía se mantienen esquemas de contratación irregulares y precarios, particularmente el trabajo “a destajo”, bajo el cual los jornaleros laboran más de ocho horas diarias sin prestaciones, contratos formales ni acceso a la seguridad social. Este modelo, dijo, resulta incompatible con una economía de exportación que genera ganancias significativas, pero que históricamente ha trasladado los costos sociales a los trabajadores.
Sheinbaum recordó que el Plan de Justicia para San Quintín comenzó a construirse desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, como respuesta a una lucha que calificó de histórica. No se trata únicamente de corregir abusos actuales, sino de revertir décadas de abandono institucional en una de las regiones agrícolas más productivas del país.
La persistencia de estas condiciones fue documentada recientemente por La Jornada, que retomó testimonios de líderes del movimiento jornalero. Venustiano Hernández, uno de los referentes de la movilización que estalló en 2015, denunció que la mayoría de los ranchos continúa bajo el esquema de “saliendo y pagando”, sin seguridad social ni derechos laborales, a pesar del impacto nacional e internacional que tuvo aquella protesta por las condiciones “inhumanas” de trabajo.
Frente a este panorama, la presidenta explicó que el nuevo enfoque del plan no se limita a la inspección laboral, sino que apuesta por una intervención integral de bienestar. Entre las acciones previstas se encuentran el acceso efectivo a la seguridad social, la construcción de hospitales, escuelas —desde nivel básico hasta media superior—, programas de vivienda, guarderías y servicios comunitarios que permitan dignificar la vida de las familias jornaleras, muchas de ellas indígenas y migrantes.
San Quintín: del campo de exportación a la deuda social
Un punto central del anuncio es la regulación de la agricultura de exportación, sector clave en San Quintín. Sheinbaum adelantó que el gobierno federal impulsa una reforma legal, que se espera discutir en febrero, para obligar a que toda la producción agrícola destinada a mercados internacionales garantice la seguridad social de sus trabajadores. La intención, subrayó, es que la contratación sea directa y plenamente formal, cerrando la puerta a la simulación laboral.
En medio de las recientes movilizaciones en la región, la presidenta confirmó que la secretaria de Gobernación acudirá a San Quintín para presentar el plan y dialogar con los jornaleros, en un intento por convertir una demanda histórica en una política pública con resultados tangibles.
Más allá de los anuncios, el mensaje presidencial coloca a San Quintín como un símbolo de la deuda social del modelo agroexportador: un sector exitoso en cifras, pero sostenido durante décadas sobre condiciones laborales precarias. El reto, reconoció Sheinbaum, será traducir la voluntad política en cambios reales que garanticen que el crecimiento económico no vuelva a construirse a costa de los derechos de quienes trabajan la tierra.
