Reconocimiento indígena redefine al Estado mexicano, afirma Sheinbaum desde Guanajuato
San Miguel de Allende, Gto.— La reunión del Plan de Justicia para los pueblos chichimeca y otomí se convirtió en un mensaje político de fondo sobre el rumbo del Estado mexicano frente a sus comunidades originarias: la justicia indígena ya no se concibe como reparación simbólica, sino como una redistribución real del poder público, del presupuesto y del control territorial.
Durante el encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afrodescendientes marca un quiebre histórico en la relación entre el Estado y estas comunidades, al pasar de un esquema asistencialista a uno basado en autonomía, derechos colectivos y administración directa de recursos. En ese sentido, sostuvo que se trata de un cambio sin precedente desde la Independencia, pues por primera vez la Constitución reconoce a los pueblos originarios como sujetos plenos de derecho.
Desde Guanajuato, la mandataria enfatizó que las grandes transformaciones del país —Independencia, Reforma y Revolución— no lograron revertir la exclusión jurídica y política de los pueblos indígenas. “Es hasta ahora cuando se reconoce que no son beneficiarios pasivos, sino actores con capacidad de decisión sobre su propio destino”, afirmó.
Uno de los anuncios centrales fue la consolidación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (FAISPIAM) como un derecho permanente. De acuerdo con Sheinbaum, este mecanismo garantiza recursos directos, crecientes y sin intermediación, administrados mediante asambleas comunitarias y comités locales, lo que redefine la lógica tradicional del gasto social.
La presidenta destacó que el modelo incorpora reglas internas de transparencia y equidad, como la participación obligatoria de una mujer tesorera, con el objetivo de fortalecer el papel de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias y en el manejo de los recursos públicos.
En materia agraria, el acto estuvo marcado por la entrega del reconocimiento del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que puso fin a un conflicto de más de 80 años. Para el gobierno federal, este hecho representa un avance clave en la justicia territorial, entendida no sólo como una resolución legal, sino como una condición indispensable para la preservación cultural, la identidad colectiva y la viabilidad económica de los pueblos originarios.
“El primer acto de justicia es la tierra”, reiteró Sheinbaum, al subrayar que sin certeza jurídica sobre el territorio no puede hablarse de bienestar ni de desarrollo comunitario sostenible.
Reconocimiento indígena redefine al Estado mexicano, afirma Sheinbaum desde Guanajuato
Los resultados del Plan de Justicia en la región muestran una estrategia integral que combina infraestructura, programas sociales y fortalecimiento cultural. Entre las acciones realizadas se encuentran la restauración de la capilla del Puerto de Calderón, la construcción de cinco comedores escolares, el apoyo a 712 jóvenes mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, más de mil acciones de vivienda y la creación del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, enfocado en la preservación de la partería tradicional.
A estos avances se suman compromisos pendientes que, según la presidenta, tendrán atención prioritaria: la emisión del decreto de lugares sagrados, la protección de capillas familiares, el acceso al agua potable, la regularización de la tierra y la continuidad del programa Sembrando Vida. Asimismo, anunció que el presupuesto destinado a Caminos Artesanales se duplicará este año a nivel nacional, como parte de una política de conectividad que respeta la identidad comunitaria.
En su intervención, Sheinbaum enmarcó estas acciones dentro del concepto de humanismo mexicano, al que definió como una visión que reconoce la dignidad de los pueblos y el legado de las civilizaciones originarias como base ética del país. En ese contexto, condenó el racismo y el clasismo heredados desde la colonia, a los que identificó como barreras históricas para una nación verdaderamente incluyente.
La presidenta recordó que los Planes de Justicia comenzaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo yaqui, y que el perdón histórico expresado entonces se amplía ahora a todos los pueblos originarios, no como gesto simbólico, sino como una política de Estado respaldada por reformas constitucionales.
Al cierre del acto, Sheinbaum retomó fragmentos de Grandeza, de López Obrador, y las ideas del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, para insistir en la necesidad de construir un país plural sustentado en el México profundo.
El mensaje final fue claro: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afrodescendientes no pretende ser una reforma decorativa, sino el inicio de una reorganización del poder público, del territorio y del presupuesto, donde las comunidades dejan de mirar al Estado desde la periferia y pasan a ocupar un lugar central en la toma de decisiones nacionales.
