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Protestas nacionales reavivan debate sobre uso de la fuerza de ICE tras muerte de mujer en Mineápolis

Protestas nacionales reavivan debate sobre uso de la fuerza de ICE tras muerte de mujer en Mineápolis

Protestas nacionales reavivan debate sobre uso de la fuerza de ICE tras muerte de mujer en Mineápolis

Mineápolis.— La muerte a tiros de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, poeta y madre de tres hijos, a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), detonó una oleada de protestas en diversas ciudades de Estados Unidos y volvió a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de las agencias migratorias federales.

En Mineápolis, decenas de personas se congregaron frente al edificio federal Bishop Henry Whipple —sede operativa de fuerzas migratorias— para exigir justicia y transparencia en el caso. La manifestación fue dispersada por agentes federales con gases lacrimógenos y pimienta, lo que incrementó la tensión y provocó nuevas consignas contra ICE, entre ellas “no más ICE”, “renuncien a su trabajo” y “¡justicia ya!”.

Las movilizaciones no se limitaron a Minnesota. Nueva York, Seattle, Detroit, Washington, Los Ángeles, Filadelfia, San Antonio, Nueva Orleans y Chicago registraron protestas similares, en las que activistas y organizaciones civiles denunciaron una escalada en la violencia institucional y una política migratoria cada vez más punitiva.

De acuerdo con versiones oficiales, el incidente ocurrió cuando agentes intentaron abrir la puerta del vehículo en el que se encontraba Good. La mujer habría intentado retirarse del lugar, dando marcha atrás brevemente, momento en el que un agente, ubicado frente al automóvil, disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte. Posteriormente, el gobierno federal la calificó como “terrorista”, una narrativa que fue duramente cuestionada por familiares, activistas y defensores de derechos humanos.

El diario The Minnesota Star Tribune identificó al agente involucrado como Jonathan Ross, quien el año pasado resultó herido tras ser atropellado en un incidente de tránsito protagonizado por un conductor indocumentado. Sobre este antecedente, el vicepresidente JD Vance declaró que el agente “podría haber estado particularmente sensible” ante la posibilidad de ser embestido nuevamente, según reportó Fox News.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la actuación del agente al señalar que “sintió que su vida corría peligro”, y añadió que en Mineápolis se ha detenido a alrededor de mil 500 migrantes como parte de operativos recientes.

Protestas nacionales reavivan debate sobre uso de la fuerza de ICE tras muerte de mujer en Mineápolis

Las reacciones críticas no se hicieron esperar. El filósofo y activista Cornel West afirmó que el asesinato de Good “no es un hecho aislado”, sino “un paso más hacia un fascismo al estilo estadunidense”, al advertir sobre la normalización de la violencia estatal contra comunidades vulnerables.

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A la controversia se sumó la denuncia de investigadores locales en Minnesota, quienes señalaron que la fiscalía federal y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) les negaron acceso a evidencias clave y les prohibieron participar en la indagatoria del caso, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre otro episodio violento ocurrido en Portland, Oregón, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon contra dos personas durante una revisión vehicular. Según la versión oficial, el conductor —un ciudadano venezolano sin documentos, presuntamente vinculado al grupo criminal Tren de Aragua— habría intentado atropellar a los agentes utilizando su automóvil como arma. “Temiendo por su vida y su seguridad, un agente disparó en defensa propia”, indicó el DHS, que confirmó que el conductor logró huir del lugar.

Estos hechos, ocurridos en distintos puntos del país, han intensificado el escrutinio sobre las tácticas de las agencias migratorias y han abierto un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre derechos humanos, seguridad y el alcance del poder federal en materia migratoria, en un contexto político cada vez más polarizado.


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