Absolución parcial de ‘El Mochaorejas’ reabre debate sobre fallas procesales en casos históricos de secuestro
A casi tres décadas de haber sido detenido como uno de los secuestradores más temidos del país, el nombre de Daniel Arizmendi López, conocido como ‘El Mochaorejas’, volvió a colocarse en el centro del debate público, no por una posible liberación, sino por una resolución judicial que exhibe las grietas de los procesos penales heredados del viejo sistema de justicia.
Una jueza federal absolvió a Arizmendi López del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro dentro de una de las causas penales que permanecían abiertas en su contra. La decisión fue emitida por la jueza segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación ministerial en ese expediente específico.
En la sentencia, difundida por medios nacionales, la juzgadora subrayó que no había un señalamiento directo ni elementos indiciarios sólidos que permitieran atribuir plenamente la responsabilidad penal al acusado en ese caso concreto. Bajo ese criterio, ordenó su absolución respecto a ese delito, lo que jurídicamente significa el cierre definitivo de esa causa penal.
Una absolución que no implica libertad
Pese a lo contundente del fallo en ese expediente, la resolución no representa la excarcelación de Arizmendi López. El propio fallo reconoce que existen “elementos suficientes” para acreditar su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el cual se le impuso una pena de ocho años de prisión, considerada ya compurgada debido a que ha permanecido 27 años privado de la libertad.
Además, el llamado ‘Mochaorejas’ seguirá recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, debido a que enfrenta otros procesos y sentencias vigentes relacionadas con diversos delitos graves.
Un caso emblemático del México de los noventa
La figura de Arizmendi López está ligada a uno de los periodos más violentos en materia de secuestro en México. A finales de la década de los noventa, su organización criminal operó principalmente en Querétaro, Morelos, Estado de México, Puebla y el entonces Distrito Federal, enfocándose en empresarios y personas de alto perfil económico.
La banda fue señalada de cometer alrededor de 40 secuestros. Arizmendi López admitió únicamente 21 plagios y tres homicidios, uno de ellos perpetrado días antes de su captura en 1998. Su apodo surgió de la brutal práctica de mutilar orejas o dedos de las víctimas como método de presión para el pago de rescates.
En 2006, el sistema judicial mexicano llegó a imponerle penas acumuladas cercanas a los 400 años de prisión por distintos delitos, mientras que varios de sus cómplices recibieron condenas que oscilaron entre los 80 y 160 años de cárcel.
Más allá del personaje, el sistema bajo la lupa
Especialistas en derecho penal coinciden en que esta absolución parcial no reivindica al criminal, sino que pone en evidencia deficiencias estructurales en la integración de averiguaciones previas de hace décadas, cuando los estándares probatorios y las garantías procesales diferían sustancialmente de los actuales.
El caso de ‘El Mochaorejas’ se suma a otros expedientes emblemáticos que, con el paso del tiempo, han sido revisados por tribunales federales, revelando errores, omisiones o debilidades en la actuación de ministerios públicos y autoridades investigadoras.
Mientras tanto, Daniel Arizmendi López permanece tras las rejas, convertido en un símbolo no sólo de la violencia extrema del secuestro en México, sino también de los desafíos pendientes para consolidar un sistema de justicia capaz de sancionar con solidez jurídica los crímenes más atroces y resistir el paso del tiempo sin que sus casos se desmoronen en los tribunales.
