México y EUA reconfiguran su agenda de seguridad ante nuevas amenazas tecnológicas y financieras
Ciudad de México.— Más allá del combate tradicional al narcotráfico, los gobiernos de México y Estados Unidos comenzaron a delinear una estrategia de seguridad binacional que pone en el centro amenazas emergentes como el uso de drones con fines criminales, el financiamiento ilícito de organizaciones delictivas y el robo transfronterizo de combustibles.
Durante la más reciente reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG), celebrada la semana pasada en la capital mexicana, ambos países coincidieron en la necesidad de modernizar sus mecanismos de cooperación. De acuerdo con información del Departamento de Estado, uno de los compromisos clave fue fortalecer el intercambio de inteligencia y conectar plataformas analíticas que permitan anticipar y responder de forma más eficaz a los ataques con drones en la zona fronteriza, una práctica que ha comenzado a modificar la dinámica del crimen organizado.
El encuentro se desarrolló en un contexto de alta presión política en Washington, donde el presidente Donald Trump reforzó su discurso contra el tráfico de fentanilo al firmar una orden ejecutiva que clasifica a esta droga sintética como un “arma de destrucción masiva”. Para la administración estadounidense, el impacto del opioide —responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año— justifica un endurecimiento de las acciones contra toda la cadena de producción y distribución.
En ese sentido, el Departamento de Estado subrayó que el SIG ha impulsado medidas consideradas “decisivas” para desmantelar redes de cómplices, distribuidores y estructuras financieras vinculadas al comercio ilícito de fentanilo y de sus precursores químicos. Las delegaciones acordaron acelerar investigaciones conjuntas, congelar activos y perseguir flujos de dinero que sostienen a los grupos criminales, así como reforzar las acciones contra organizaciones que Washington ha clasificado como terroristas extranjeras.
México y EUA reconfiguran su agenda de seguridad ante nuevas amenazas tecnológicas y financieras
La agenda bilateral no se limitó al narcotráfico. Otro eje relevante fue el robo de combustible, un delito que afecta a ambas economías y que ha derivado en investigaciones de alto perfil. El caso de la familia Jensen, vinculada por autoridades estadounidenses al tráfico de miles de cargamentos de crudo desde México hacia Texas y presuntamente conectada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, fue uno de los antecedentes que impulsaron el acuerdo para agilizar extradiciones, decomisos de bienes e indagatorias financieras.
Pese a la intensidad del discurso de la Casa Blanca, la cooperación se desarrolla bajo líneas políticas claras para México. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su rechazo a cualquier forma de intervención extranjera en territorio nacional, incluso después de que Washington incluyera a cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. La administración mexicana ha insistido en que la colaboración debe mantenerse en el marco del respeto a la soberanía y del trabajo coordinado entre instituciones civiles.
Con una nueva reunión programada para enero de 2026, ambos países buscan avanzar hacia un modelo de seguridad compartida que combine tecnología, inteligencia financiera y coordinación judicial. El desafío, reconocen fuentes diplomáticas, será equilibrar la presión política estadounidense con una cooperación efectiva que no cruce las líneas de la soberanía mexicana, mientras el crimen organizado incorpora herramientas cada vez más sofisticadas a su operación.
