Venezuela eleva disputa con Washington a la ONU y acusa intento de apropiación de sus recursos
Caracas.— La confrontación entre Venezuela y Estados Unidos escaló este martes al plano diplomático multilateral, luego de que el gobierno venezolano denunciara ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo que calificó como una “amenaza temeraria y grave” del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien acusó de asumir como propios el petróleo, las tierras y las riquezas mineras del país sudamericano.
A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó el anuncio de Trump de imponer un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Para Caracas, dicha advertencia no sólo carece de sustento legal internacional, sino que revela una estrategia abierta de presión y coerción con fines económicos.
El texto oficial señala que el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, formalizará de inmediato la denuncia correspondiente, al tiempo que el Estado venezolano reafirmó que continuará ejerciendo “plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía” frente a lo que describió como amenazas de carácter guerrerista.
Desde la óptica del gobierno bolivariano, la advertencia de un eventual bloqueo naval constituye un intento de imponer medidas de fuerza al margen del derecho internacional. “El presidente de Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, advierte el documento firmado por el canciller Yván Gil.
La cancillería sostuvo que esta postura deja al descubierto las verdaderas motivaciones de Washington, que —según Caracas— ya no pueden ocultarse bajo el argumento del combate al narcotráfico, utilizado durante años para justificar el despliegue militar estadounidense en el Caribe. “La verdadera intención fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y los minerales del país a través de campañas de mentiras y manipulaciones”, subraya la comunicación oficial.
Sanciones y activos estratégicos
En su posicionamiento, el gobierno venezolano volvió a colocar el foco en el impacto de las sanciones económicas, particularmente en el sector energético, al que considera el principal blanco de la política de “máxima presión” impulsada por Trump durante su primera administración (2017-2021) y retomada con mayor intensidad en la actual.
Caracas acusa a Washington de haber utilizado las sanciones como un mecanismo de apropiación indirecta de activos estratégicos y de estrangulamiento financiero. El caso más emblemático es Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, que opera tres grandes refinerías —en Luisiana, Texas e Illinois— con una capacidad conjunta cercana a 807 mil barriles diarios, además de una extensa red de más de 4 mil 400 estaciones de servicio en territorio estadounidense.
Desde 2019, Citgo quedó bajo control de una junta “ad hoc” reconocida por Washington en el marco del llamado “Plan Guaidó”, lo que, según el gobierno venezolano, impidió al Estado ejercer sus derechos sobre la empresa. Más recientemente, la autorización de un tribunal de Delaware para avanzar en la venta forzosa de la filial fue denunciada por Caracas como un “remate coercitivo” de un activo valuado en varios miles de millones de dólares.
Impacto en la industria petrolera
El gobierno venezolano sostiene que las sanciones no sólo han afectado activos en el exterior, sino que también han provocado una drástica contracción de la producción petrolera. Datos oficiales indican que Venezuela producía alrededor de 3 millones de barriles diarios en 2013; para 2018 la cifra había caído a 1.7 millones, y tras las sanciones directas a Pdvsa en 2019, descendió a cerca de 1.15 millones de barriles diarios.
El Observatorio Venezolano Antibloqueo estima que, entre 2015 y 2020, la producción de Pdvsa se desplomó 87 por ciento, mientras que las pérdidas acumuladas del sector petrolero —por caída de producción, sanciones y sabotaje— ascienden a más de 232 mil millones de dólares. A ello se suman unos 22 mil millones de dólares en activos financieros bloqueados en el exterior, incluidos fondos del FMI y reservas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra.
Frente a este escenario, el gobierno venezolano afirmó que mantendrá su postura de defensa “irrestricta” del territorio y de sus recursos naturales, y anticipó que recurrirá a instancias internacionales para denunciar lo que considera una violación sistemática de su soberanía y de los principios del derecho internacional.
