Amparo Casar, qué veinte años no es nada
El tiempo es el enemigo mortal de las mentiras. Carlos Fernando Márquez Padilla dejó de existir por voluntad propia hace 20 años. Y es posible que Juez del Registro Civil cambiara suicidio por accidente.
El entonces procurador de justicia capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, afirmó en octubre del 2004 que no había delito que investigar. Márquez Padilla se quitó la vida. Y este año, ratificó lo mismo. Él atentó contra su vida.
De no actuar con rapidez, la viuda María Amparo Casar Pérez se quedaría en la orfandad económica sin 30 millones de pesos para ella y sus dos hijos, luego de divorciarse del finado en su momento.
Trascendió que en esta empresa estuvo acompañada de Héctor Águilas Camín, quien sugirió mentir y se presume que el acta de defunción fue alterada y Carlos Márquez, “oficialmente” murió por accidente de trabajo.
Jugada ganadora de 125 mil pesos mensuales de pensión vitalicia por viudez. Vaya trama intelectual barata de Aguilar Camín qué envió sin pasaporte a la barandilla a Amparo Casar.
Las críticas al gobierno son saludables y deseable porque fortalece la democracia, exige la transparencia, obliga a los funcionarios y servidores públicos en general a ser responsables del manejo del bienes nacionales.
Sin embargo, las fortalezas, aptitudes, actitudes y metodología claras y precisas para denunciar abusos de poder y actos ilegales se pretenden usar como escudo protector para incurrir en ellos.
Tratar de enmascarar un acto de corrupción denunciando probables actos de corrupción es un galimatías para evitar ser descubierto de los actos y responsabilidades propios como ha sucedido a lo largo de nuestra historia nacional.
Más claro, es el clásico: “¡Ahí va el ladrón, el ladrón!” expresión usada popularmente para generar confusión y distraer, permitiendo al delincuente, escapar, sea de barrio, de cuello blanco o intelectual orgánico.
Si bien la presidenta de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, María Amparo Casar Pérez, cuenta con alta solvencia académica y social, no la exime de responsabilidades de presuntos actos ilegales ni a ningún otro personaje político.
Desde su trinchera anticorrupción acusó de supuestos actos ilegales a los hijos del ex presidente López Obrador, a la fecha no se comprobaron, quedaron en declaraciones, en artilugios para sortear a la justicia por fechorías cometidas.
Los hechos:
En la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero se ejerció acción penal contra la académica y, por su parte, la actual fiscal general, Ernestina Godoy descongeló el caso.
Amparo Casar se victimizó y acudieron en su auxilio decenas de académicos, políticos, empresarios, comentaristas y colegas suyos, bien por ellos; pero no aportan a su causa.
Quizá muchos de ellos ni enterados están del tema o su lealtad no les permite observar que desde el principio se gestaron irregularidades administrativas con dolo, premeditación, alevosía y ventaja al intentar cambiar dictamen de suicidio por accidente de trabajo.
En escuadrón alegan persecución, venganza, abuso de poder, desde sus tribunales familiares la declaran inocente sin saber a ciencia cierta qué sucedió; ¿empatía o complicidad?
Sin embargo, a falta de narrativas con credibilidad el grupo de pillos que la defienden, ocultos tras las redes sociales buscan notoriedad y expresar su repulsa por la pérdida de privilegios, derechos de picaporte y llevar la voz cantante como opinadores.
Aún no llegaba a la barandilla a rendir declaración como todo ciudadano implicado en un presunto delito con pleno derecho a ser considerado inocente hasta que no se dictamine culpable y ya habían dictaminado persecución política.
El origen del escándalo se gestó a las nueve de la mañana del 7 de octubre de 2004 en la Torre A del Centro Administrativo de PEMEX; “al parecer… Carlos Fernando Márquez Padilla García se había precipitado del piso 12 del edificio de la empresa, perdiendo, en esa forma, la vida”.
Así quedó asentado por el Agente del Ministerio Público Alejandro Badillo Corrales luego de acudir al lugar de los hechos posterior a una llamada telefónica de la directora del Área Penal de PEMEX.
Con base la versión de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), se desechó la posibilidad de muerte por causa laboral.
Para enrarecer y complicar el caso, sin previos peritajes, pesquisas, delinear los supuestos motivos que orillaron al funcionario de PEMEX a quitarse la vida, su muerte sirvió para las especulaciones y cajas chinas que la Procuraduría no investigó más a detalle porque el caso estaba cerrado; se suicidó.
Además, en opinión de “fuentes cercanas a la familia de Márquez Padilla aseguraron que el hombre pasaba por una depresión personal”, según relataron la Revista Proceso.
La Jornada abonó a la depresión del finado:
“Declaraciones de familiares, amigos y trabajadores de la paraestatal, que no fueron testigos del hecho, señalaron que el asesor en la Dirección General Administrativa no estaba tan deprimido para suicidarse tras la separación de su esposa”.
Para esclarecer dudas sobre los motivos de la muerte del marido de Amparo Casar Pérez, la fiscalía general de la República (FGR), hoy retoma el caso y analiza la respectiva carpeta de investigación detalladamente.
Con base en información oficial, se busca verificar que la carpeta se “haya integrado conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”.
En ese sentido, Ernestina Godoy, titular de la FGR aclaró que “es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”.
La ruta del dinero nunca falla
Carlos Fernando Márquez Padilla, se suicidó el 7 de octubre de 2004; su muerte, que se presumió como homicidio, finalmente se determinó como suicidio, dictamen que afectó el procedimiento legal de la pensión por viudez y pago de seguros.
El caso cobró notoriedad 20 años después debido a la revisión de los pagos de las pensiones en el ISSSTE, en el IMSS y en otras instituciones por desembolsos indebidos en las pensión y seguro de vida.
Todos apostaron al olvido y se perdieron en el dejar hacer dejar pasar y nunca pensaron que la Reforma Judicial se haría una realidad y que dejarían de tener protección jurídica a modo como muchos otros infractores de las leyes.
La doble moral de Casar
Veinte años después, el entonces titular de PEMEX, Octavio Romero Oropeza afirmó que la viuda y Héctor Aguilar Camín acudieron con el entonces procurador Bernardo Bátiz, para intentar cambiar el dictamen pericial: cancelar el suicidio de Márquez, no procedió.
Casar Pérez negó ese intento de “soborno”. De acuerdo Romero Oropeza, en el dictamen oficial de la PGJDF permaneció como suicidio la causa de la muerte de Márquez Padilla.
Las complicidades y el influyentismo de Casar al ser colaboradora del secretario de Gobernación, Santiago Creel, se ejercieron y Pemex le otorgó la pensión falseando el dictamen judicial a favor por ello “en los registros de PEMEX apareció como “accidente”, sin duda, con base a una acta de defunción alterada.
Así los dudosos actos de la afamada señora Casar que hoy se dice perseguida política por la furia de los gobiernos de la Cuatroté, cuando ella impulsó los presuntos actos ilegales.
Casar Pérez llevaba 20 años cobrando la pensión de su exesposo, a pesar de que Márquez se suicidó y con ello incurrió en faltas que le impiden cobrar la pensión vitalicia por los montos superiores a lo estipulado en el Contrato Colectivo.
La pensión por accidente de trabajo en PEMEX es un sistema específico, con beneficios definidos por antigüedad y plaza, pero sujeto a complejos procesos administrativos y legales, con una gran disparidad en los montos finales.
Es así que, aunque el cálculo exacto es complejo y puede generar disputas legales, con montos variables que van desde prestaciones básicas hasta sumas elevadas para algunos jubilados, es que la FGR investiga casos de pensiones vitalicias polémicas, en 2025.
De poco le sirven sus grados académicos y su posición social de privilegios y los baños de pureza que no la eximen de ser responsable de presuntas faltas de probidad, actos de corrupción e impunidad.
En tanto, sus doctos defensores en las redes sociales ensalzan sus logros académicos para eximirla de actos ilegales y tramposos.
Como es el caso de Raúl Trejo Delabre quien en su página de Facebook sólo menciona que “La nueva acusación del oficialismo en contra de María Amparo Casar es una reiterada e ignominiosa venganza política. El gobierno quiere castigar a una ciudadana de ejemplar lucidez e integridad”.
Pero no argumenta sus comentarios, no los sustenta y sin embargo creó un sinfín de justificaciones que sólo confunden al lector, máxime que los comentarios provienen de un profesor de la UNAM en materia de periodismo y comunicación.
Trejo debería conocer al menos que la determinación de montos varía enormemente; algunos reciben sumas altas (decenas de miles de pesos mensuales) y otros montos más bajos, dependiendo de la antigüedad y el tipo de plaza. Antigüedad que no acumuló Carlos Márquez para que su exviuda, se hiciera acreedora a la pensión vitalicia. Sin embargo, entiendo su solidaridad.
Para retirar toda sospecha se revisa la carpeta de investigación de forma exhaustiva para dictaminar si las pensiones millonarias vitalicias otorgadas por Pemex son válidas o no.
Por otro lado, el caso de las pensiones de PEMEX no está dirigidas a Casar Pérez ex profeso. Ella apareció entre los casos en revisión. Les faltó hechicería jurídica para exorcizar sus demonios a los intelectuales inorgánicos que ni a su estirpe son útiles.
Siguiendo la ruta del dinero las partidas que en un año destina la petrolera para pagos de pensiones ascienden a cerca de 90 mil millones de pesos. Derivado de la investigación colectiva muchas de estas suculentas pensiones se cancelarán.
Lo que se cuestiona es si el caso de la pensión a cargo de su esposo Casar Pérez cumplía los requisitos legales, eso es lo que se investiga, no a ella Per Se, por sus señalamientos sin pruebas bajo el cobijo de la libertad de expresión.
Pero habrase visto que, en mayo de 2024, un juez federal otorgó una suspensión de plano a favor de Casar y ordenó a Pemex reanudar el pago dentro de 24 horas, a menos que existiera una orden administrativa o judicial firme que justificara su cancelación. Siempre existió dolo; premeditación, alevosía y ventaja
De resultar ilegal el otorgamiento de la pensión y su monto, ya se le dictaminará la sanción respectiva de forma administrativa y/o penal o se le eximirá de toda responsabilidad legal y recibirá la pensión correspondiente con los montos apropiados.
La pensión mensual que recibía era de aproximadamente 120 mil a 125 mil pesos mensuales.
Se estima que en 20 años María Amparo Casar ha recibido una cantidad que supera los 30 millones de pesos por concepto de pensión de viudez y un seguro de vida de Pemex.
Investigaciones recientes y la denuncia presentada por la FGR estiman que el probable fraude a Pemex superaría los 31 millones de pesos, incluyendo pagos de colegiaturas de sus hijos y la pensión vitalicia.
La FGR judicializó el caso por la presencia de irregularidades en la asignación de dicha pensión tras el presunto suicidio del esposo de la señora Casar en 2004. El marido de Casar sólo había trabajado unos meses en la empresa paraestatal.
Sea cual sea el dictamen final de esta telenovela de mucha ciencia sin ficción es necesario revisar las pensiones a la baja, las que no se han otorgado en apego a la ley.
Queda revisar a fondo las pensiones y jubilaciones de trabajadores fallecidos en el cumplimiento de su deber, a los que quedaron incapacitados para laborar y que no han recibido las bondades de la justicia.
Se deben revisar, sobre todo, las jugosas pensiones de ex dirigentes sindicales que dilapidan el presupuesto de la empresa petrolera y ajustarlas a la realidad del país y no a la realidad personal de cada abusivo.
