Gobierno acelera homologación nacional del delito de abuso sexual: una estrategia para cerrar brechas en la justicia
En medio de una creciente exigencia social por frenar la violencia contra las mujeres, la Secretaría de las Mujeres anunció este martes un avance sin precedentes en la armonización legal del delito de abuso sexual en las 32 entidades del país. La secretaria Citlalli Hernández confirmó que la reforma federal al artículo 260 del Código Penal, recientemente aprobada, ya impulsa cambios legislativos locales que buscan establecer un estándar común de protección y sanción, tras el episodio de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum a inicios de mes.
Unificación legal para evitar vacíos y criterios dispares
Hernández explicó que el principal objetivo de esta reforma es evitar que la interpretación del abuso sexual dependa del estado en que se cometa. La redefinición del delito —como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluidos roces, tocamientos o exhibiciones— pretende cerrar los márgenes legales que históricamente han obstaculizado denuncias y procesos judiciales.
A la fecha, 22 congresos estatales ya presentaron iniciativas para homologar la legislación, una fue aprobada en comisiones y otras diez lo harán este martes, como gesto político en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “El compromiso es que los 32 congresos adecúen sus legislaciones”, afirmó la titular de la Semujeres.
Penas más altas y medidas reeducativas
La reforma establece sanciones de tres a siete años de prisión y multas de 200 a 500 UMA, además de obligaciones adicionales para los agresores: deberán tomar talleres reeducativos con perspectiva de género y realizar servicio comunitario. El marco legal contempla agravantes si el delito es cometido por servidores públicos, ministros de culto, si existe violencia o en casos de complicidad.
Para el Gobierno federal, este enfoque integral combina castigo, prevención y transformación cultural, con el fin de disminuir la impunidad que marca la violencia sexual en México.
Capacitación: el talón de Aquiles del sistema de justicia
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, subrayó que la homologación será acompañada de un programa nacional de capacitación para fiscalías, policías y tribunales estatales. “El mayor reto es la procuración de justicia”, reconoció, al señalar que muchas investigaciones se caen por errores procedimentales o prejuicios institucionales.
El plan incorporará guías de actuación para casos de abuso sexual y mecanismos de coordinación entre autoridades locales y federales.
Transporte público, un foco rojo
Otra línea de acción involucra a las secretarías de movilidad: el Gobierno trabaja en protocolos contra el abuso sexual en el transporte público, uno de los espacios donde más se registran agresiones, según datos oficiales. Se pretende estandarizar la atención, activar medidas inmediatas de protección a las víctimas y facilitar la identificación de agresores.
Un país donde la violencia sexual es la norma para millones de mujeres
Hernández recalcó que el contexto es alarmante: el 70.1 % de las mexicanas mayores de 15 años ha enfrentado algún tipo de violencia, y casi la mitad ha sufrido violencia sexual. “No es una exageración, es un problema estructural que requiere transformar leyes, instituciones y cultura”, advirtió.
Por ello, junto al proceso legislativo, el Gobierno puso en marcha campañas permanentes contra el abuso sexual y la violencia digital, así como mensajes dirigidos a hombres para fomentar un cambio cultural. “La lucha por las mujeres no es contra los hombres, es contra el machismo”, insistió.
Compromisos de estados y federación
Como parte de este impulso, gobernadoras y gobernadores del país firmaron diez compromisos para fortalecer la protección de niñas y mujeres, entre ellos mejorar la atención institucional, ampliar refugios, reforzar programas educativos y garantizar la implementación de la homologación legal.
La administración federal considera que este esfuerzo articulado permitirá construir una respuesta más homogénea y eficaz frente a la violencia sexual, con reglas claras para todo el territorio y un mensaje político: que ninguna agresión quede impune sin importar el estado donde ocurra.
