Víctimas que sobreviven al ataque, pero no al sistema: las otras secuelas de la tentativa de feminicidio en México
En México, sobrevivir a un intento de feminicidio no garantiza justicia ni reparación. Para muchas mujeres, la agresión es solo el inicio de un camino desgastante, marcado por omisiones institucionales, clasificaciones erróneas de los delitos y procesos judiciales que se prolongan durante años. Yeritza Bautista y Ayyselet Gutiérrez son dos de las voces que más fuerte exponen ese doble infierno: primero, salvar la vida; después, enfrentar un sistema que insiste en ponerles obstáculos.
Un proceso que parece diseñado para cansar
Yeritza tuvo que esperar cinco años y atravesar dos juicios para ver una sentencia contra su agresor, su expareja Carlos Enrique. Tras sobrevivir a dos ataques —uno de ellos aún sin juzgar—, solo una condena por el segundo pudo avanzar, aunque no sin tropiezos: el agresor interpuso un amparo que obligó a repetir todo el proceso. Hoy, otro amparo mantiene en suspenso la resolución final.
“Es un sistema que les da herramientas a los agresores”, denuncia. Y sabe de lo que habla: descubrió que menos del 0.04% de los casos de tentativa de feminicidio llegan a sentencia, un dato que escuchó en un taller de la Fiscalía capitalina y que ni siquiera es público.
Ayyselet, por su parte, ha pasado tres años buscando justicia por el ataque en el que su expareja, Julio César Aparicio Montalba, intentó asesinarla con 27 puñaladas. El hombre continúa prófugo. Apenas consiguió una ficha de búsqueda, pero solo después de insistir cada mes ante distintas autoridades.
“Un feminicida está libre y haciendo su vida, mientras yo tengo que presionar para que avancen la carpeta y la búsqueda”, lamenta.
El primer obstáculo: el propio Ministerio Público
Tanto Yeritza como Ayyselet compartieron una experiencia similar: la clasificación inicial del delito fue incorrecta. En lugar de tentativa de feminicidio, las autoridades iniciaron carpetas por lesiones o violencia intrafamiliar.
Las abogadas Betzabe López y Verónica Berber, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), explican que esta práctica es “muy común” y está relacionada con la falta de criterios homologados entre los Códigos Penales estatales. Ello complica la posibilidad de que los casos sean investigados con perspectiva de género desde el inicio, un requisito indispensable para que procedan como feminicidios.
En el caso de Ayyselet, fue su madre quien logró revertir la clasificación mientras ella estaba hospitalizada. Sin esa intervención y sin el acompañamiento jurídico del IFDP, hoy el caso seguiría tipificado como lesiones.
Las secuelas invisibles y las reformas urgentes
Mientras el sistema responde de forma irregular, los daños físicos, emocionales y económicos recaen sobre las víctimas. Yeritza, quien forma parte de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase), trabaja con su colectiva en una propuesta para modificar leyes estatales y federales. Su objetivo: endurecer penas, establecer agravantes específicas y reconocer formalmente las secuelas psicológicas como parte de la reparación del daño.
“A las sobrevivientes nadie nos mira. No existimos para las cifras oficiales”, afirma. Su primer objetivo legislativo es el estado de Morelos, donde sufrió el primer ataque: una golpiza que le destrozó la mandíbula y le arrancó dientes de manera manual. Ese caso aún no llega a juicio.
Por el segundo ataque, cuando intentó estrangularla, su agresor recibió 11 años de prisión, apenas dos más de lo que marca la pena por violencia intrafamiliar. “Las sentencias están desproporcionadas”, señala.
Un país con datos incompletos
México registra alrededor de 10 asesinatos de mujeres al día y solo una cuarta parte se investigan como feminicidios. Pero en cuanto a tentativa de feminicidio, no existe un registro oficial. Lo único aproximado son las cifras de lesiones: 60 mil 384 casos entre enero y septiembre de 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, las especialistas coinciden en que ahí se esconden cientos, quizá miles de tentativas mal clasificadas.
Mientras no haya datos ni leyes claras, advierten abogadas y colectivos, el patrón seguirá repitiéndose: las víctimas deberán sobrevivir dos veces.
Ayyselet lo resume con una frase que, dice, repite constantemente en su cabeza:
“Solo quiero cerrar este capítulo. Pero para eso, necesito que el Estado haga su parte”.
