Comerciantes acusan “justicia partidista” en fallo que busca prohibir venta legal de animales en mercados públicos
Representantes del comercio popular, especialistas en bienestar animal y asesores jurídicos denunciaron este jueves una serie de irregularidades en el proceso mediante el cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa otorgó un amparo que obliga a la Alcaldía Venustiano Carranza a prohibir la venta legal de animales en mercados públicos, incluidos centros emblemáticos como el Mercado Sonora. La medida, advirtieron, amenaza los ingresos de más de 100 mil familias y abre la puerta al crecimiento del comercio clandestino y del ambulantaje.
Durante una conferencia de prensa, líderes de asociaciones de locatarios y médicos veterinarios afirmaron que la resolución judicial —derivada de un juicio promovido por una asociación civil desde 2023— es producto de errores jurídicos, omisiones de autoridad y presunta connivencia política, lo que calificaron como una “traición” hacia los comerciantes formales que históricamente han operado bajo regulación y supervisión sanitaria.
Un juicio desechado que resucitó tras el cambio de jueces
El abogado César Ríos, representante de Fundación Vida Sana con Calidad A.C., explicó que el amparo originalmente fue promovido en septiembre de 2023 ante el Cuarto Tribunal de Justicia Administrativa. En aquel momento, el juicio fue sobreseído por falta de pruebas, pues la asociación civil demandante no acreditó supuestos de maltrato animal atribuibles a las autoridades de la alcaldía.
Sin embargo, tras los cambios recientes en el Poder Judicial derivados de elecciones internas, la organización promovió un Juicio de Revisión, que fue turnado al Vigésimo Tribunal Colegiado. Este órgano, aseguró el abogado, excedió sus facultades al otorgar el amparo el 14 de agosto de 2025 sin convocar a audiencia con los terceros afectados ni regresar el expediente a la sala de origen.
“Esta sentencia no recae sobre las autoridades demandadas, sino directamente sobre los 88 locatarios del Mercado Sonora y, de facto, sobre cualquier comercio que venda seres sintientes en los 340 mercados públicos de la ciudad”, explicó Ríos, quien calificó la resolución de “inédita y riesgosa”.
Señalamientos de complicidad política
Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (MONACOSO), acusó a la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, de haber actuado en acuerdo con el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, a quien señaló como impulsor de iniciativas prohibicionistas que, en su opinión, buscan favorecer a corporativos privados dedicados al comercio de mascotas.
“Las autoridades están actuando como juez y parte. No notificaron a los comerciantes, no defendieron la legalidad del proceso y ahora aplican medidas restrictivas sin sustento. Todo indica que hubo una operación política para traicionar al comercio popular”, afirmó el dirigente.
Vargas Lucio añadió que mientras los mercados públicos son sometidos a inspecciones y amenazas de clausura, el ambulantaje y el comercio ilegal de especies —donde sí se documenta maltrato animal— permanece intocado.
Veterinarios advierten efectos contrarios al bienestar animal
La doctora Aída Álvarez Salas, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (COMVEMEX), recordó que existe un documento oficial emitido por la Secretaría de Gobierno capitalina en noviembre de 2023 que no prohíbe la venta de animales, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 28 de la Ley de Bienestar Animal.
Alertó que cualquier prohibición absoluta “no solo es ilegal, sino contraproducente”, pues genera clandestinidad, corrupción, mercado negro y mayor vulnerabilidad para las especies, al quedar fuera de supervisión médica y regulatoria.
“Regular bien y permitir espacios certificados garantiza el bienestar animal. Pretender prohibirlo todo solo empuja la actividad hacia manos irregulares”, subrayó.
Un golpe económico sin plan alternativo
Autoridades de la alcaldía han sugerido a algunos locatarios cambiar de giro comercial, pero líderes de mercado señalaron que ello implicaría inversiones que no están contempladas en el presupuesto 2026, como instalaciones eléctricas nuevas, techumbres, adecuación de agua y remodelación de pisos.
“Están dejando en el limbo a más de 300 locales solo en mercados, además de acuarios y tiendas de mascotas. Esto impacta el sustento de miles de familias que por generaciones han trabajado de manera formal”, advirtió Vargas.
Comerciantes denuncian clima de incertidumbre
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, sostuvo que lo ocurrido es un ejemplo de la “judicialización partidista” que temían desde la reconfiguración del Poder Judicial. Señaló que, por primera vez, también los pequeños comerciantes se sienten vulnerables ante fallos que —dijo— responden a intereses políticos y no a criterios técnicos.
“Si así se resolvió este caso, mañana cualquier actividad del comercio popular puede verse amenazada por decisiones tomadas sin rigor jurídico”, expresó.
Acciones legales en marcha
Las organizaciones anunciaron que ya preparan recursos de revisión, asesorías jurídicas e instructivos para que los locatarios enfrenten inspecciones sin caer en sanciones arbitrarias. También presentarán quejas ante organismos de derechos humanos y pedirán al gobierno capitalino una aclaración formal sobre el alcance de la sentencia.
Mientras tanto, afirmaron, seguirán operando conforme a la Ley de Bienestar Animal y llamaron a las autoridades a combatir el comercio ilegal, no a criminalizar a quienes llevan décadas trabajando dentro de los mercados públicos.
