A presidio cúpulas del PRIAN

La cúpula del PRIAN, está más próxima ala declaración ante un ministerio púbico que frente a un partido político. Desde el presidente del CEN hasta sus cercanos colaboradores están señalados como delincuentes comunes desde hace mucho tiempo, desgastando a su propio partido y dejando a la derecha mexicana sin cabeza visible.
Del líder nacional el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, poco puede añadirse a lo que todo mundo sabe, esperemos que se haga justicia y pase varios años en la cárcel hasta que se le derrita el botox.
El líder nacional del PAN, con el peso de la culpa de la estrategia del cártel inmobiliario, poco puede decirse que abone a sus cuentas pendientes con la justicia.
Es necesario decir que el PRIAN se define así, por coincidir con su forma de actuar, más cerca de la delincuencia que de la política.
Poque para salvarse de la comunión de intereses que les identifica y mañas que los asocian, quieren darle el significado por una simple coalción electoral. Con alianza o sin ella, el PRIAN es una misma banda de ladrones.
La segunda línea de los líderes del PRI es de las más severas en cuanto a delitos cometidos, en el caso de Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, la Auditoría Superior del Estado presentó denuncias penales ante la Fiscalía local por pagos irregulares a al menos 14 empresas fantasma durante su gobierno.
Se documentaron desvíos por 475 millones de pesos entre 2014 y 2016, con facturas sin licitación, direcciones falsas y proveedores no registrados.
En su gobierno se investigaron desapariciones forzadas en el penal de Piedras Negras, donde se denunció que personas fueron “cocinadas” por el crimen organizado.
Senadores del PAN exigieron que Rubén Moreira y el entonces procurador Homero Ramos Gloria se separaran de sus cargos para facilitar investigaciones contra Humberto Moreira, por fraude y lavado de dinero.
Se denunció una red de empresas fantasma y vínculos con el crimen organizado. Moreira ha sido mencionado en auditorías y contextos de denuncias por corrupción, desapariciones y desvíos.
Su equivalente en el PAN, Ricardo Anaya, tiene cuentas pendientes desde hace varios años, de hecho, debió esperar ser nombrado senador plurinominal para atreverse a pisar suelo mexicano ante la posibilidad, nada remota, de ser detenido.
Desde septiembre de 2020, UIF, reveló que Ricardo Anaya es investigado por ser una de las personas señaladas por Emilio Lozoya como parte del caso Odebrecht, además de lavado de dinero.
Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018 es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos electorales, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Su par en el PRI, Carolina Viggiano, tiene un largo historial de delitos heredados de la familia de su madre, en el municipio de Tepehuacán, Hidalgo.
En abril de 2024, Adriana Flores Torres, entonces candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, denunció a Viggiano ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por violencia política en razón de género.
En octubre de 2025, Viggiano acusó a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, de estar “del lado del poder” y criticó el uso político de la conmemoración del asalto al cuartel de Ciudad Madera.
También lanzó señalamientos contra la morenista Andrea Chávez, insinuando que el evento se usó como plataforma personal.
Carolina Viggiano ha enfrentado denuncias públicas, procedimientos electorales y críticas políticas.
El abuelo materno de Carolina Viggiano, Francisco Austria Cabrera, fue señalado como un “narco-cacique sanguinario” en archivos de la represión y documentos militares, a quien le atribuyen secuestros, torturas, asesinatos, allanamientos de morada y control territorial mediante pistoleros. Era conocido como “Francisco el Grande, señor de la horca y el cuchillo”.
La Sedena ordenó investigaciones en su momento, y se documentan firmas de 58 ejidatarios que denunciaron abusos, según reportes del Archivo General de la Nación.
Existen denuncias comunitarias sobre la venta irregular de tierras ejidales en Tepehuacán y municipios cercanos, presuntamente facilitadas por operadores ligados a la familia Austria, las cuales se vinculan al control político y judicial que la familia habría ejercido durante décadas, incluyendo el paso de Viggiano como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo de 2007 a 2009.
Viggiano proviene de un entorno marcado por inequidad, abuso y cacicazgo, y que su familia ha sido parte del grupo priista que nunca ha soltado el poder en Hidalgo.
Los panistas Diego Sinhué y la actual gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, ambos de Guanajuato, son señalados por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. La investigación documenta cómo ambos mandatarios panistas adquirieron y transformaron parcelas ejidales en lujosas fincas campestres en la misma zona de Comanjilla, cerca de León, sin declarar su verdadero valor.
Los prianistas se parecen mucho, sus líderes exigen perfección al gobierno como si fueran puros y castos.