Libre acceso a playas en Quintana Roo: discriminación y corrupción

La Constitución garantiza el acceso libre de todas las personas a las playas mexicanas “y les vale”…

En Quintana Roo, es un derecho denegado; impera el poder económico e intereses políticos.

Por Silvia Hernández Martínez

La negación de acceso a playas en Quintana Roo constituye un acto de discriminación, ya que las playas son bienes nacionales de uso público según la Constitución Mexicana y cualquier intento de privatizarlas o bloquear el paso es ilegal. A pesar de la legislación, persisten casos donde desarrollos turísticos limitan el acceso, pero existen iniciativas y leyes para garantizar el acceso libre, incluyendo la habilitación de accesos funcionales y la prohibición de cobros.

Esta acción legal, ha dividido la opinión de hoteleros, restauranteros y otros prestadores de servicios, y mientras unos apoyan la medida, otros están en contra. En Quintana Roo los hoteleros, en su mayoría se pronuncian en contra de que se cumpla la ley y se dé el paso libre a todas las playas bajo el argumento de que se perderá la seguridad y sus propiedades corren riesgos, además de que perderán ingresos si se pone en marcha la iniciativa, que ya fue aprobada por los legisladores.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, en voz de su presidente David Ortiz Mena, también presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, señala que la reforma recién aprobada por los diputados federales no representa un riesgo para su sector, pero pide corresponsabilidad de mejorar los accesos y que esto no recaiga solo en la iniciativa privada.

Sin embargo, aseveró que ve beneficios en esta reforma que pretende garantizar el libre acceso a las playas y a las Áreas Naturales Protegidas de México para el turismo y puede consolidar un anhelo social de contar con mayores accesos públicos al mar.

“No la vemos mal, no será una reforma lesiva para el turismo. Habrá que ver cómo se implementa, pero es importante que existan espacios públicos con accesos señalados, con servicios y condiciones dignas”, señaló el representante hotelero.

Incertidumbre

Recordó que muchos de los hoteles y clubes de playa en la zona costera de Tulum ya funcionan como espacios abiertos al público, sin consumo mínimo ni cobros de entrada, lo que contribuye a la oferta turística del destino tanto para visitantes como para locales.

No obstante, advirtió que el reto está en la infraestructura y en el manejo de Áreas Naturales Protegidas, como ocurrió recientemente con el Parque Nacional Tulum y la creación del Parque Jaguar, donde el incremento de hasta 100% en los derechos de acceso, sumado a los pagos adicionales al INAH y a la Conanp, generaron incertidumbre entre los visitantes y afectaciones a la economía de familias que dependen de esa zona.

Cobran hoteleros el paso a las playas

Aunque está prohibido constitucionalmente, mucho antes de la reforma que en próximos días aprobará el Senado y que ya aprobó la Cámara Baja, hay hoteles que cobran sus cuotas por el paso, entre ellos PA Hotel & Beach Club en Puerto Aventuras y condiciona el ingreso a un consumo de al menos 350 pesos; The Ritz-Carlton, en Cancún, mismo que ha colocado cercas y obstáculos para impedir el paso, estando esto prohibido y Mandala Beach también en Cancún que bloqueó el acceso con macetas y otros objetos.

Pero igual hay otros que respetan la ley y permiten el paso libre como en Tulum donde 16 hoteleros acordaron permitir el acceso libre a la playa, entre ellos Coco Unlimited, Hotel Nest, Hotel Sana, Dos Ceibas, Villa Alquimia, Papaya Playa Project, Hotel Maxanab Tulum, La Eufemia, Fara Fara, Blue Venado, Ana y José, Casa Gitano, Casa Violeta, Ahau, Delek y Alaya.

En tanto que los clubes de playa La Eufemia y Fara, cumplen con el paso libre a la playa.

No al acceso libre, dicen algunos

En tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum busca garantizar el acceso libre a las playas a todo mexicano o no mexicano, hay quienes se oponen a esta disposición constitucional.

Abelardo Vara Rivera, expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, quien se opone al acceso libre a las playas, argumenta que esta medida “es un paso al socialismo y que los hoteleros no permitirán el acceso a través de sus instalaciones porque son propiedad privada.

No obstante, un tanto contradictorio afirma que están dispuestos a cumplir con la ley, pero que los municipios deben hacer su parte para habilitar ventanas al mar y proporcionar accesos adecuados.

Los ciudadanos a favor

Y mientras los empresarios de la industria sin chimeneas están en contra de esta ley en Quintana Roo, la ciudadanía opina que el acceso libre a las playas, es un derecho constitucional y que los hoteleros no pueden restringir ese acceso.

Señalan que los hoteleros están interesados en proteger sus intereses económicos que en cumplir con la ley y respetar los derechos ciudadanos.

¿Qué dicen las autoridades?

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama ha trabajado para garantizar el derecho de los ciudadanos en las playas del estado, con la entrada libre y en Tulum por ejemplo, se han establecido accesos libres a través del Parque del Jaguar y algunos hoteleros han aceptado permitir el paso de personas que quieran ir a la playa sin tener la obligación de hospedarse o hacer consumos en sus instalaciones.

La gobernadora Mara Lezama acordó con el Grupo Mundo Maya el acceso gratis de locales a las playas en Tulum a través de dos puntos. El primero es para Playa Mangle, por el acceso sur, disponible de manera peatonal y el segundo punto es el Parque el Jaguar, que será el acceso gratuito para residentes de Tulum que presenten una identificación oficial (INE).

“Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que tanto locales como visitantes puedan disfrutar de las bellezas naturales que Quintana Roo ofrece”, afirma la mandataria estatal, mientras que el presidente de la Canirac Playa del Carmen, Roberto Lepe, destacó que el conflicto no debe manejarse de manera unilateral, sino a través de acuerdos que beneficien tanto a la ciudadanía como a los prestadores de servicios.

“No se busca otra cosa más que la gente local pueda acceder a las playas de manera gratuita, porque es un derecho que todos los mexicanos tenemos. Pero también está la parte de quienes tienen una actividad lucrativa que solventar; el gobierno debe sentarse a dialogar para encontrar un punto de equilibrio”, resaltó el empresario que al igual que el representante de los hoteleros, pide corresponsabilidad de las autoridades.

El líder de los empresarios de Tulum insiste en que la prioridad es abrir un canal de diálogo que permita garantizar el acceso libre a las playas, al tiempo de proteger la actividad económica y comercial, de la que dependen miles de empleos en la Riviera Maya.

La gobernadora ha tenido diversas reuniones para tratar este tema social con los presidentes municipales y uno de ellos, Diego Castañón, alcalde de Tulum, apoya la medida, pero de manera restringida, ya que pide que el acceso libre sea solo para los días domingos y feriados.

Por su parte, Mara Lezama ha enfatizado también en el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente lo que podría incluir la preservación de las playas y áreas naturales.

¿Qué dice la ley?

La Ley General de Bienes Nacionales garantiza el libre acceso a las playas mexicanas, pero dado que los prestadores de servicios impiden el paso libre y lo dan condicionado, la Cámara de Diputados reformó dicha ley en días pasados.

Las reformas indican que ya fueron aprobadas por el Congreso federal se deben a que, según el presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal, diputado de Morena, busca combatir los ‘males’ del neoliberalismo que permitió en México un “capitalismo salvaje” que permitió la explotación de áreas públicas. “Estamos contentos porque es una de las propuestas que hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en todos los estados donde se le planteó este problema. Lo mismo en Cancún, en Tulum, en Guerrero o en Baja California. Cada vez se veían impedidos a disfrutar de las playas por concesiones que no tienen justificación”, sostuvo el legislador.

La citada ley prohíbe la privatización de las playas con estas reformas a las leyes generales de Bienes Nacionales y de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La reforma establece que cualquier persona —sin importar su origen, nacionalidad o condición social— podrá entrar libremente a las playas en México y a la zona federal marítimo-terrestre. Con esto se busca cerrar la puerta a la privatización silenciosa de playas que durante años dejó fuera a miles de personas de estos espacios públicos.

Sheinbaum garantiza acceso a playas

Las reformas que recién hicieron los diputados a la ley de Bienes Nacionales, fueron propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que envió el proyecto de ley al Congreso de la Unión y que solo falta el Senado para que se pueda hacer vigente.

Desde enero, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a garantizar el acceso libre y en agosto pasado reafirmó este compromiso y afirmó que no pueden privatizarse los pasos a la costa con fines recreativos, pues indicó que éstas son del pueblo.

Sheinbaum Pardo explicó que la situación la están atendiendo en el Pacífico mexicano donde se ha denunciado cierre de accesos libres a las playas, en tanto que en Quintana Roo hay sus opiniones encontradas por parte de los prestadores de servicios aunque la mayoría está de acuerdo con las playas libres.

Letra muerta: acceso libre a las playas y un derecho negado

A cinco años del Decreto Presidencial que garantiza el libre acceso a todas las playas del país, la norma sigue siendo sistemáticamente ignorada en Quintana Roo. Mientras decenas de hoteles bloquean el paso con bardas, rejas y vigilantes, amparados en la omisión de las autoridades, las pocas playas públicas que existen carecen de servicios básicos, estacionamientos suficientes y rampas para personas con discapacidad. Además, en algunas, como Playa del Niño en Puerto Juárez, se presentan condiciones insalubres, ya que se ha detectado la presencia de heces fecales flotando en el agua, lo que las convierte en espacios no aptos para uso recreativo.

El decreto fue concebido para corregir una injusticia histórica, pero en la práctica, la ley ha sido enterrada bajo la complicidad de los tres niveles de gobierno.

La modificación a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) fue publicada en octubre de 2020, y establece la prohibición de cualquier tipo de obstáculo físico o administrativo que impida el libre acceso a las zonas federales marítimo-terrestres.

Contempla sanciones y multas de hasta un millón de pesos para quienes incumplan. Sin embargo, en lugares como Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Costa Mujeres y Tulum, la violación es cotidiana y a plena vista: cadenas, casetas de seguridad, caminos cerrados con portones, macetas, pasillos privatizados o simplemente personal que niega el paso si no se acredita una reservación en el hotel.

Las autoridades responsables, desde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), hasta los gobiernos municipales, han actuado con una pasividad que raya en la protección al infractor.

Además, las playas que ostentan distintivos internacionales como Blue Flag apenas cumplen con lo mínimo y, aun así, tienen restricciones: sanitarios abiertos solo en ciertos horarios, vigilancia insuficiente, accesos mal diseñados, rampas para personas con discapacidad con pendientes peligrosas que no llegan hasta la playa.

El resultado es un litoral profundamente desigual, donde el mar es de todos en el papel, pero solo accesible —y en condiciones dignas— para quienes pueden pagar una estadía en los lujosos hoteles que se creen dueños de las playas.

De hecho, esta tensión escaló hasta provocar un conflicto interno en la Secretaría de Turismo (Sectur) entre su entonces titular, Miguel Torruco, y quien fungía como subsecretario, Simón Levy, quien denunció presiones y conflictos de interés en torno al acceso a las playas y todo el entorno regulatorio costero.

Cabe destacar que este problema no es exclusivo de Quintana Roo; se replica en los 17 estados costeros del país, donde la falta de accesos públicos, la corrupción y la inacción de las autoridades perpetúan un modelo que favorece los intereses privados sobre el bien común.

Marco legal y derechos

Bienes nacionales:
El artículo 27 de la Constitución establece que las playas son bienes nacionales y, por lo tanto, no pueden ser vendidas ni privatizadas.

Acceso público:
La ley reconoce que el acceso a las playas debe ser libre y gratuito para todas las personas, sin importar su nacionalidad.

Prácticas y problemas comunes

Bloqueo de accesos: Se documentan accesos bloqueados por construcciones o desarrollos turísticos, lo que limita el uso colectivo de las costas.
Argumentos falsos: Algunas empresas o particulares intentan afirmar que tienen “playas privadas”, pero esto es completamente ilegal y viola la ley.
Cobros indebidos: También se presentan cobros indebidos para permitir el acceso a la playa, lo cual está prohibido por la legislación.

Soluciones y medidas de acción

Intervención de autoridades: Las autoridades de la Zona Federal Marítimo Terrestre pueden intervenir para liberar accesos bloqueados, como ocurrió con el corte de una alambrada en 2024.
Normativa y vigilancia: Se han presentado iniciativas para cerrar los vacíos normativos, obligando a habilitar accesos funcionales y estableciendo mecanismos de vigilancia para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho plenamente.
Denuncia ciudadana: Los ciudadanos pueden denunciar estos actos de bloqueo o cobro excesivo para exigir su derecho a disfrutar del litoral.

Acceso libre y gratuito a las playas: un acto de defensa de lo público

Ricardo Monreal Ávila asegura que en México, la ley reconoce que el acceso a las playas debe ser libre y gratuito, pues son bienes nacionales destinados al uso común. Sin embargo, en la práctica, este derecho se vulnera en forma sistemática: se documentan accesos bloqueados, cobros indebidos y ocupaciones por parte de desarrollos turísticos que, mediante distintos mecanismos, limitan el uso colectivo de las costas.

Por ello, recientemente presenté una iniciativa para cerrar estos vacíos normativos y garantizar que el principio constitucional de acceso público se cumpla de manera efectiva, estableciendo reglas claras, la obligación de habilitar accesos funcionales, la prohibición expresa de cobros y mecanismos de vigilancia que permitan a la ciudadanía ejercer plenamente su derecho a disfrutar del litoral.

México aún enfrenta grandes desafíos en este tema. Aunque la Constitución reconoce que las playas son bienes nacionales de uso común, no existen leyes claras y efectivas que garanticen el acceso libre y gratuito para todas las personas. Esta insuficiencia legal, que requiere atención normativa, ha abierto la puerta a la exclusión y a la privatización encubierta de espacios que deberían ser patrimonio accesible para todas las personas.