Intervención gerencial en tres instituciones financieras reaviva debate sobre soberanía y cooperación con EUA
La decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de intervenir de manera gerencial a tres instituciones financieras mexicanas —CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— ha sacudido el panorama económico y político del país, reavivando el debate sobre la soberanía nacional en materia financiera y los límites de la cooperación con Estados Unidos.
La intervención, anunciada en dos momentos entre el jueves por la tarde y noche, responde a un informe del Departamento del Tesoro de EE.UU., que acusa a las tres entidades de haber facilitado operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico y, particularmente, con redes que habrían operado durante el sexenio anterior, incluyendo recursos atribuidos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al Cártel del Golfo.
Sin embargo, más allá de los señalamientos internacionales, la medida ha encendido alarmas por su trasfondo político y el impacto en figuras ligadas al entorno presidencial. En especial, la inclusión de Vector Casa de Bolsa, institución financiera ligada al empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia y uno de los principales aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado suspicacias.
Aunque la CNBV aseguró que su actuación tiene sustento legal y responde al objetivo de “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes”, el momento y la simultaneidad con las acusaciones del gobierno estadounidense han desatado cuestionamientos sobre el grado de autonomía con que actúan las autoridades mexicanas ante presiones externas.
Intervención gerencial en tres instituciones financieras reaviva debate sobre soberanía y cooperación con EUA
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza horas antes de conocerse la intervención a Vector. Desde su conferencia matutina, desestimó las acusaciones estadounidenses al considerarlas sin pruebas sólidas. “Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes, no con dichos”, dijo, en alusión directa a la declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Sheinbaum recordó casos previos —como la detención y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos— para subrayar que México exige respeto a su marco legal y no aceptará señalamientos sin evidencia verificable. “México no es piñata de nadie”, advirtió.
El caso también ha puesto el reflector sobre la forma en que operan las instituciones mexicanas frente a presuntos vínculos financieros con grupos criminales transnacionales. Si bien la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han señalado que las irregularidades detectadas fueron de carácter administrativo, el señalamiento internacional apunta a una supuesta permisividad que México rechaza tajantemente.
El episodio refuerza la postura de la nueva administración de mantener relaciones de cooperación con EE.UU. en materia financiera y de seguridad, pero sin ceder soberanía ni aceptar sanciones unilaterales.
Con más de 22 mil millones de dólares en activos bajo gestión entre las tres instituciones intervenidas, el impacto financiero será seguido de cerca tanto por inversionistas nacionales como extranjeros. Por ahora, la CNBV ha insistido en que se trata de una intervención “temporal” y que el objetivo es preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano.
La narrativa, sin embargo, va más allá de lo económico: se trata también de una afirmación de principios frente a una potencia que, para México, debe actuar como aliada, no como juez.
