Construcción del IV Muelle en Cozumel impactaría los arrecifes
Un proyecto que ha sido polémico porque sólo beneficiará a la familia yucateca Molina Caseres, provocando impactos negativos en los arrecifes
El pasado 5 de enero de 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) otorgó el título de concesión en favor de la empresa yucateca Muelles del Caribe SA de CV, propiedad de los hermanos Juan Francisco, Ignacio Octavio Pablo, Rogelio Tirzo, José Enrique y Mario Arturo Sebastián Molina Caseres, para la construcción de un cuarto muelle para atracar cruceros en Cozumel.
La concesión para la construcción, operación, aprovechamiento y explotación de una terminal marítima portuaria de cruceros, para el ascenso y descenso de pasajeros, afectaría una superficie de 58,729.803 m², ubicado en Cozumel, con una inversión aproximada de $ 335’071,074.27 pesos para el desarrollo de la infraestructura portuaria.
El título de concesión, publicado el 5 de enero de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, fue firmado por el entonces titular de la SICT en la administración de Andrés Manuel López Obrador, Jorge Arganis Díaz Leal (+), y por parte de la Muelles del Caribe SA de CV, José Enrique Molina Caseres.
LA RESISTENCIA AL PROYECTO
En los últimos meses, las voces y las protestas ciudadanas contra el proyecto se han incrementado, dado que solo se beneficiaría a los hermanos Molina Caseres, una familia que ha explotado por décadas la trasportación marítima en la isla de las golondrinas. Amén, que expertos señalan que el proyecto solo provocará impactos negativos en los arrecifes del Caribe mexicano.
En un reportaje publicado en el portal Jaltun, narra que en septiembre de 1957 llegó el primer grupo de turistas a Cozumel, de acuerdo con las crónicas locales, y a partir de entonces el desarrollo turístico no frenó. Por esa época empezaron los primeros centros de hospedaje, el desarrollo de muelles de cruceros y de la ruta marítima que conectó a Playa del Carmen con la isla de Cozumel.
Trinidad Molina Castellanos, que introdujo hacia los años 60 un par de buques, “Itzam” y “Sac-Nicté”, con los cuales se redujo este traslado a sólo una hora. Este empresario de origen yucateco también se involucró en el desarrollo de un muelle de cruceros, “Punta Langosta”, el segundo que se construyó en la isla. Desde entonces y hasta ahora la familia Molina Caseres cuenta con las concesiones para mover pasajeros en ferry desde Playa del Carmen y para operar dicho muelle.
Hoy son propietarios de más de 100 empresas con operaciones en la región, con giros que van desde el transporte turístico, las excursiones acuáticas o la compraventa de terrenos, de acuerdo con una revisión al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Una de estas empresas, Muelles del Caribe, es la promovente del embarcadero que ha causado polémica y una resistencia ciudadana que promete no renunciar hasta frenar el proyecto.
EL NUEVO MUELLE
En octubre de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del cuarto muelle de Cozumel. Ese mes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en una de sus mañaneras que este formaría parte del paquete de obras prioritarias en el país para reactivar la economía ante el embiste del coronavirus.
En abril de 2021, el buzo Germán Méndez solicitó una consulta ciudadana, la cual estuvo vigente casi un mes y en la que se registraron más de 240 comentarios, todos en contra del proyecto; todos ignorados por la Semarnat, que finalmente aprobó la MIA a finales de ese año.
En los comentarios de la consulta y entre los ciudadanos que se empezaron a organizar fueron difundiendo las irregularidades que notaban en la MIA.
Mientras que los promoventes contaron solo siete especies de coral donde se planea construir el muelle, Guadalupe Martín Cab, de Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC), registró en el sitio mediante un muestreo un total de 40 especies, algunas enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059 y catalogadas en peligro de extinción. Este arrecife, llamado Villa Blanca.
En la MIA, han señalado los inconformes, tampoco se incluyó una manifestación de impacto urbano ni social. Adrián Villegas, consultor, investigador y uno de los más activos oponentes al proyecto, ha explicado que esto es importante para conocer los impactos en la urbe de un cuarto muelle en su eventual fase operativa.
Villegas enfatiza en que el agua potable para la operación de la terminal y del muelle se extraerá de la red municipal. Aunque en la MIA los promoventes aseguran que el uso será de entre 40 y 60 metros cúbicos diarios, Villegas considera este dato conservador, puesto que podrían arribar cruceros de 362 metros de eslora –como el Symphony of the Seas, de la empresa naviera Royal Caribbean International–, con capacidad de 9 mil visitantes por embarcación. Esto se traduciría en un flujo de hasta 18 mil visitantes diarios en la isla, con una demanda de 2 mil 340 metros cúbicos de agua potable. Ese volumen preocupa a quienes rechazan el proyecto a la luz de lo que establece el propio Atlas de Riesgo de Cozumel, el cual reconoce que el municipio se encuentra en situación de estrés hídrico.
Otro argumento de Villegas ha sido que un cuarto muelle es innecesario, en tanto los tres ya existentes cuentan con siete posiciones de atraque que pueden operar de manera simultánea, lo que se traduce en 2 mil 555 posiciones disponibles por año. Innecesario porque, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, la ocupación de estas posiciones de atraque apenas supera el 50 por ciento. El resto quedan desocupadas.
Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) advirtió en las opiniones técnicas que se integraron en el proceso de evaluación de la MIA sobre los riesgos de un proyecto así para el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, que se encuentra a pocos kilómetros de la zona de cruceros.
La preocupación es fundada a la luz de un estudio publicado recientemente por Laura Calva Benítez, adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La científica evidenció que en las áreas cercanas a los muelles hay una alta concentración de sustancias y compuestos que deterioran el agua del mar. Estos elementos provienen de descargas residuales urbanas, tanto de las casas como de hoteles y también de embarcaciones, por la intensa actividad turística en la zona. El hallazgo más revelador es haber encontrado en los sedimentos restos de hidrocarburos provenientes de embarcaciones como lanchas y cruceros.
LA CONCESIÓN
Al momento de ingresar la MIA a evaluación, Muelles del Caribe no contaba con el título de concesión para aprovechar la Zona Federal Marítimo Terrestre sobre la que se proyectaban las obras del cuarto muelle. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) fue quien detectó la irregularidad en la opinión técnica que emitió como parte de la evaluación de la MIA.
Este organismo evidenció que estaba a nombre de un particular, Daniel Fidelio Peraza Marfil, a quien se le había emitido el título el 30 de noviembre de 2018, con vigencia de 15 años. Además, ese título sólo le da derecho de usar, ocupar y aprovechar para ornato la superficie de mil 144.3 metros cuadrados de la zona federal marítimo terrestre, ubicada en la Avenida Rafael E. Melgar. Esto quiere decir que a lo mucho puede colocarse sombrillas y camastros para recreación y sin ningún fin de lucro.
Un mes después de que la Semarnat aprobara la MIA y que lo hiciera sin importarle esta observación, en el Diario Oficial de la Federación se informó que el 5 de enero de 2020 se aprobaba la cesión de derechos, de Daniel Fidelio a Muelles del Caribe, que rechazó que fuera una falsificación de documentos. Lo que explicó la empresa fue que Fidelio, en realidad, era su apoderado legal y que el trámite de cesión de derechos fue realizado desde el 2018, pero que no habían tenido éxito sino hasta aquel enero de 2020.
De cualquier forma, Villegas ha dicho que es una irregularidad el hecho de que en la MIA la empresa haya afirmado que poseía el título, aunque en ese momento no lo tenía.
Para poder iniciar con la construcción del proyecto, Muelles del Caribe necesita algunos permisos con los que no cuenta por ahora. Uno de ellos es la autorización para ejecutar obras marítimas y dragado, que otorga la Secretaría de Marina (Semar), el segundo es la licencia de construcción expedida por el Ayuntamiento de Cozumel. Otra más es la modificación a las bases y condiciones del título de concesión, puesto que ahora solo permite obras de ornato y no obras civiles con fines de lucro.
Lo que sí tiene Muelles del Caribe es la aprobación de la MIA y el cambio de uso de suelo donde se construirá la terminal, un predio frente al mar y del que saldrá un puente que conectará con el muelle donde atracarán los cruceros.
EL AMPARO PERDIDO
En 2022, los inconformes ingresaron un amparo que alegaba la violación al derecho a la ciudad y el medio ambiente sano. “Algo importante a tomar en cuenta en por qué se incluyó esto en el amparo es que, para nosotros, el mar también es parte de la ciudad: es un punto de encuentro para deportistas, para familias, para amigos en el que se puede gozar del atardecer, estar platicando, etcétera”, dice Rodrigo Huesca Alcántara, consultor, maestro y activista en Cozumel, quien se ha involucrado en la resistencia ciudadana al proyecto.
En un inicio, una jueza federal concedió la suspensión provisional a los quejosos y el 12 de abril de ese año otorgó la suspensión definitiva, cuyo efecto era no permitir la ejecución de las obras del cuarto muelle hasta que se resolviera el asunto de fondo.
“El amparo estuvo vigente durante 3 años, desde 2022 al 26 de febrero de este año, pero ya lo desecharon”, dice Huesca, quien añade que los juzgadores no revisaron el asunto a fondo y que, por el contrario, decidieron terminarlo manifestando que los quejosos no tenían interés legítimo en el asunto.
