Colectivas feministas exigen al INE aplicar el “8 de 8” antes de entregar constancias a jueces electos
En la antesala de la entrega de constancias de mayoría a los jueces y juezas electas en los recientes comicios judiciales del 2 de junio, colectivas feministas acudieron este sábado a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir la aplicación estricta de la regla “8 de 8” y frenar la entrega de documentos oficiales a candidatos con procesos legales pendientes.
Las agrupaciones “Ley Sabina” y “Madres Libertarias”, integradas por madres víctimas de violencia y defensoras de derechos humanos, alzaron la voz frente al órgano electoral, portando mantas con mensajes como “Sin justicia no hay democracia” y “Delincuentes no deben impartir justicia”.
Señalan que al menos una decena de los aspirantes que resultaron electos aún enfrentan denuncias por violencia familiar, abandono de obligaciones alimentarias, hostigamiento laboral o abuso de autoridad, lo que los hace inelegibles según la regla conocida como “8 de 8 contra la violencia”.
“El INE no puede ser omiso. No se puede premiar con un cargo público a quienes están señalados por ejercer violencia o incumplir la ley. La ciudadanía votó por un poder judicial que inspire confianza, no por jueces con antecedentes dudosos”, expresó una vocera de Ley Sabina durante la protesta.
Colectivas feministas exigen al INE aplicar el “8 de 8” antes de entregar constancias a jueces electos
Las colectivas exigieron una revisión exhaustiva de los antecedentes legales de las personas electas antes de que se oficialice su nombramiento, advirtiendo que de entregarse las constancias a candidatos con procesos abiertos, estarían legitimando la impunidad dentro del nuevo modelo de elección judicial promovido por la Cuarta Transformación.
El INE, hasta el momento, no ha emitido una postura oficial ante esta demanda ciudadana. Sin embargo, fuentes internas señalan que se han recibido al menos cinco impugnaciones en relación con la aplicación del principio “8 de 8” durante el proceso judicial.
Las manifestantes advirtieron que, de no haber respuesta institucional, recurrirán a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos para impedir que personas con antecedentes de violencia tomen protesta como juzgadores del país.
