Sheinbaum exige transparencia al INE tras aprobación del PEF 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2025 en la Cámara de Diputados y aprovechó para lanzar un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que transparente el uso de los recursos asignados para organizar la elección judicial del próximo año.
Sheinbaum cuestionó las demandas presupuestales del organismo, liderado por Guadalupe Taddei Zavala, y pidió explicaciones sobre por qué el INE solicitó un presupuesto mayor al de 2024, pese a los ajustes realizados en el PEF. “Sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar. Ellos originalmente pidieron más presupuesto que en 2024 y, en este caso, la pregunta es: ¿en qué se va a gastar?”, comentó.
La mandataria puso en perspectiva los recursos aprobados para el INE, comparándolos con proyectos de infraestructura y desarrollo social. “Siete mil millones de pesos, que es el monto aprobado, es lo que costaron los dos cablebuses de la Ciudad de México. También es lo que invertiremos el próximo año en Guerrero para mejorar carreteras y el sistema de agua potable de Acapulco”, señaló.
Por otro lado, Sheinbaum destacó que la reorientación de recursos en el presupuesto permitirá fortalecer sectores clave como salud, educación y cultura, asegurando que estos rubros recibirán una atención prioritaria durante su administración.
La respuesta del INE
El debate en torno al presupuesto del INE se intensificó luego de que Taddei Zavala expresara su rechazo al recorte de 13 mil millones de pesos aprobado por los legisladores. La titular del organismo advirtió que este ajuste podría impactar la instalación de casillas para la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025, una jornada inédita en la historia de México.
Con el presupuesto aprobado, se espera que el INE explique cómo utilizará los recursos asignados para garantizar el desarrollo de esta elección. Mientras tanto, el llamado de Sheinbaum abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el organismo electoral, que deberá demostrar su capacidad para operar bajo un esquema de austeridad.
