EMPODERAMIENTO OBLIGA A CREAR FISCALÍA DE LA MUJER

Nueva Fiscalía busca mejorar la impartición de justicia, erradicar la impunidad, la persecución, reducir la revictimización, los carpetazos y el olvido de delitos en contra mujeres en la Ciudad de México; pese a los grandes esfuerzos para atender los casos de violencia contra las mujeres, está sigue presente.

Si bien existen instancias para atender casos de maltrato doméstico, laboral, en la vía pública, transporte colectivo, violencia en razón de género y feminicidios, estas resultan insuficientes para que miles de mujeres tengan acceso a un trato justo, digno y sean protegidas por la ley.

Es conocido que una gran cantidad de mujeres viven en ambientes violentos por el simple hecho de ser mujeres y que las que se arman de valor y denuncian regresan a sus casas con el temor de ser agredidas nuevamente, amén de recibir maltrato en los Ministerios Públicos y ser revictimizadas, pero, un alto porcentaje de mujeres no denuncia.

El peor escenario es la nula sororidad de mujeres agentes del Ministerio Público, juezas, policía ministerial y personal administrativo que atiende en ventanillas de manera prepotente e insultante por falta de empatía con las víctimas, sensibilidad, preparación académica, de valores y de cultura general respecto a la impartición de justicia.

Es por ello por lo que la iniciativa de Ley con proyecto de Decreto para la creación de la Fiscalía de la Mujer propuesta por la diputada Rebeca Peralta León, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, cobra gran importancia.

La parte medular de la creación de la Fiscalía de la Mujer es que sean atendidas con dignidad, se evite su revictimización, además de mantener estándares de seguridad jurídica que represente sus intereses ante los órganos jurisdiccionales locales y federales.

En la proposición de Peralta León destaca que la Fiscalía “será un organismo público autónomo que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propios, en la que se organizará el Ministerio Público de la Ciudad para los delitos en los que las mujeres tengan el carácter de víctima”.

La también presidenta de la Comisión los Derechos Culturales subrayó que le corresponderá a la Fiscalía el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en los que las víctimas sean mujeres. “Se propone que las averiguaciones estén a cargo de mujeres especialistas en temas de violencia con visión de género”.

Se busca que la Fiscalía de la Mujer esté integrada exclusivamente por mujeres que cuenten con especialización y experiencia en administración de justicia con perspectiva de género. En ese sentido, la Fiscalía deberá contar con policías investigadoras que actuarán bajo su mando y conducción en el ejercicio de esta función.

De igual manera, las funcionarias tendrán como objetivo recibir de forma inmediata las denuncias de las personas y canalizarlas a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del acto denunciado, de conformidad con la ley en la materia.

Por su parte, el Ministerio Público tendrá fiscalías especializadas para la investigación de delitos complejos y contarán con personal multidisciplinario capacitado específicamente para cumplir su objeto.

Otro ingrediente que se destaca en la iniciativa con proyecto de Decreto es que sus titulares serán designados por mayoría calificada del Congreso capitalino, de conformidad con lo que establezca la ley.

La iniciativa tiene el objetivo que el organismo sea autónomo y cuente con la misma estructura que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad y que se integre con mujeres especialistas en impartición de justicia con perspectiva de género.

De acuerdo a datos de ENVIPE en 2021, “la Ciudad de México enfrentó un aumento notable en la violencia y la incidencia delictiva en general. En el año 2020, la tasa de víctimas de delitos por cada cien mil habitantes alcanzó los 33,344, considerablemente mayor que el promedio nacional de 23,520”.

En 2015 se creó el Centro de Justicia para Mujeres como una unidad administrativa dependiente de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, el cual tenía por objeto brindar servicios especializados de atención integral y multidisciplinaria, protección y acceso a la procuración e impartición de justicia en materia familiar, civil y penal, desde la perspectiva de género y con respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

El Gobierno capitalino, si bien ha creado mecanismos para la atención de las agresiones contra las mujeres como lo son las “Lunas”, abogadas para mujeres, espacios de refugios, red de mujeres para el bienestar, línea S.O.S mujeres *765 y la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la ciudad de México entre otras, aún falta mucho por hacer al respecto y nada mejor que tener una Fiscalía de las Mujeres para que sean atendidas las víctimas de violencia con mayor profesionalismo.

En la actualidad, la capital del país, “a pesar de los esfuerzos de las autoridades de justicia y del Congreso para disminuir la violencia contra las mujeres, la huella que presenta esta lacerante actividad sigue marcando al género femenino en el ámbito social, comunitario y familiar”, destaca la iniciativa.

Los datos revelan una situación preocupante y es que, durante el año 2020, la capital registró alrededor de 80 casos de feminicidios. En este sentido, se enfatiza que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que la incidencia de este delito disminuyó 30 por ciento, mientras que aumentó 91 por ciento el número de feminicidios judicializados.

Estos datos reflejan la realidad de violencia extrema contra las mujeres, en la que, si bien la autoridad ha realizado una labor importante, aún no se cumple la meta de bajar la violencia contra las mujeres y peor aún, proveniente de las mismas mujeres en el ámbito laboral y dentro de los partidos políticos.

Desafortunadamente en la ciudad de México se registran graves actos de la violencia que diariamente sufren las mujeres o que, si bien se judicializan las carpetas de investigación, los juzgados de control modifican o reclasifican los delitos, por lo que las medidas de seguridad no son suficientes.

Sólo para recordar que las medidas de seguridad son casi nulas: por mandato de un Juzgado Federal, la Comisión de Administración y Justicia del Congreso realizó una segunda entrevista a Federico Mosco González, exmagistrado al que se le negó la ratificación del cargo por el caso de la Señora Abril Pérez Sagaón, el cual, al reclasificar y dejar en libertad a su exmarido, Juan Carlos García Sánchez, la asesinaron en el viaducto Miguel Alemán. Sin embargo, luego de cinco años, el agresor, pasea en Estados Unidos.

MAGISTRADO FEDERICO MOSCO FACILITÓ LA MUERTE DE ABRIL PÉREZ

La desfachatez del togado y con una actitud verdaderamente vergonzosa fue que durante su entrevista para ser ratificado reconoció que nunca había aplicado el protocolo para juzgar con perspectiva de género; que desconocía cuántos asuntos reclasificó y los impactos sociales y económicos que sus resoluciones tuvieron en la vida de miles de mujeres y niños que tuvieron la desgracia de caer en su Ponencia.

Otros casos más para no dejar en el olvido: Destaca el asunto de la madre de familia quemada viva por su expareja, en la Alcaldía de Coyoacán o el ocultamiento del feminicidio de una mujer de 80 años de diciembre pasado y está el tema de una joven que acudió a una fiesta, fue asesinada y terminó su cuerpo sin vida en el estado de Morelos.

Destacan s su vez los casos de las mujeres que fueron torturadas y abusadas sexualmente de la Colonia Anáhuac. En un video se observó que personas con vestimenta de seguridad pública, bajaron por las escaleras un cadáver para luego ser incinerado; los tres presuntos responsables ya están sujetos a proceso, y quienes serán sancionados penalmente con perspectiva de género.

“Si bien, muchas demandas son atendidas por las diversas instituciones que participan en la lucha por los derechos humanos, de las mujeres, la participación política de las mujeres, la igualdad y la no discriminación, la evidencia estadística y empírica demuestran que existen…debilidades institucionales y una falta de coordinación”, se destaca en el texto de la iniciativa.