Adiós a los contrapesos llamados órganos autónomos
Representan un contrapeso y una barrera a decisiones discrecionales frente a los ciclos políticos, económicos y comerciales. Si en estos momentos todo mundo viola la ley y se pasa las normas sin miramientos, imagínese lo que viene.
Nula transparencia gubernamental, van a crecer los monopolios (sobre todo estatales), la reglas en todo sentido en materia comercial se van a desvanecer. Con todas sus palabras viene un caos al libre mercado, a lo sindicadores sociales y de transparencia gubernamental, sálvese quien pueda.
Son siete los órganos autónomos que están a punto de la extinción: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Lo que podemos concluir de esta inminente reforma es que el primer beneficiado es el gobierno que se quita de encima a estas instituciones autónomas que muy probablemente pudieran presentar criterios diferentes en sus respectivos temas.
Al mismo tiempo, le permite al gobierno de la presidenta centralizar decisiones en materia de transparencia, competencia económica y comunicaciones, energética y de hidrocarburos, así como de la mejora educativa.
En relación con los ciudadanos y usuarios, quedarán a expensas de lo que el gobierno garantice sus derechos y acceso a estos servicios. ¿Si cómo no, si no pueden poner orden en la CNDH?
Además, es muy probable que surjan reacciones de inversionistas y gobiernos extranjeros en varios de estos temas, por los vínculos comerciales y económicos que existen entre países al considerar que el gobierno de México sería juez y parte en varios asuntos.
El próximo martes se concretará la extinción de los órganos autónomos como hasta ahora se conocen. Para especialistas esto es un signo del cambio de paradigma en el sistema gubernamental mexicano, iniciado el sexenio pasado.
En concreto: es la continuación del desmantelamiento institucional por motivos ideológicos.
El siguiente paso, serán su aprobación de los congresos locales, para abrir un nuevo capítulo en la vida política y de la administración pública en México.
Las reformas a estos organismos autónomos representan un cambio significativo en la administración pública del país, mientras se busca eficiencia y ahorro también plantea preguntas críticas sobre la independencia, especialización y equilibrio de poderes.
El gobierno no está midiendo las consecuencias de sus actos administrativos, era crucial un análisis profundo y un debate público informado para evaluar los impactos de esta propuesta en la gobernanza y democracia mexicanas.
Los van a extinguir solo porque un sujeto dijo que no servían. Los sectores comerciales nacionales e internacionales lo van a sentir.
Esto es sumamente grave. Su eliminación debilitaría los controles y contrapesos democráticos y pondría en riesgo la efectividad de los derechos humanos que tutelan estas instituciones, uno de ellos: el derecho a la información.
A mí no me resta más que decir que los órganos autónomos eran pilares en el fortalecimiento del Estado de Derecho en México, por lo que su desaparición no solo podría, sino que ha enviado una señal negativa respecto al compromiso del país con la legalidad, la transparencia y la protección de derechos humanos, lo cual definitivamente tendrá repercusiones a nivel internacional y se podrían estar violando acuerdos y tratados internacionales celebrados con otros países. Eran caros y burocráticos, sí. Pero indispensables.
