Tras el Plan C
El Plan C tiene la intención de ir más allá de lograr la mayoría calificada en el Congreso. Desde el inicio de la administración pasada el peligro de un golpe de Estado blando estuvo latente. Lo sucedido en varios países de América Latina advertían sobre esta posibilidad, desde el golpe contra Lula Da Silva, en 2016, acusado injustamente corrupción durante un artificio de la derecha llamado Lava Jato, una operación anticorrupción que sólo tenía el objetivo de sacarlo de la presidencia. Desde luego todo esto cargo de un juez llamado Sergio Moro.
En el caso de Lula, lo acusaron de haber recibido 8 millones de dólares entre pagos por conferencias, viajes y regalos, previos mensajes de los medios que lo señalaban insistentemente a través de informaciones falsas. Conjuntamente la derecha, el Poder Judicial y los medios lograron encarcelarlo 580 días.
Una vez que se vio impedido de participar en la elección siguiente, el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro, llevó al juez Sergio Moro a convertirse en Ministro de Justicia, nombrado por su presidente, premio por los servicios prestados en el golpe de Estado.
Ante este panorama que precedió las elecciones de 2018, pareciera que el visionario Andrés Manuel López Obrador concibió el Plan C, que no era otra cosa que desactivar un golpe de Estado contra la 4T, ya fuera al final de su periodo o al principio del sexenio de Claudia Sheinbaum.
El derecho a réplica que realizaba en su conferencia matutina para aclarar la información tergiversada o falsa, era parte esencial de esta estrategia, además de considerar dicho espacio, desde que fue Jefe de Gobierno, como esencial para mantener informada a la población y desenmascarar a la prensa que hizo mucho daño al país durante muchos años.
La relación con los empresarios nunca fue de enfrentamiento, los roces no significaban nada grave. Fueron más tensos en el sexenio de Luis Echeverría, porque el asesino de Tlatelolco se autodenominaba un mandatario de izquierda, lo cual convenía los intereses de los inversionistas para presionar más fuere al gobierno. Así se convirtió el empresariado de ser un grupo de presión a ser un grupo de poder, asociándose con funcionarios públicos y manteniendo la complicidad que tendría que ver con el perdón de los impuestos a cambio de acciones de sus empresas, intercambio entre empresarios y burócratas de altos vuelos.
Los medios debieron ser debilitados, para evitar que sus excesos siguieran mostrando un país que no existía. Primero a través del recorte inhumano del subsidio que recibían del gobierno, y, segundo, desenmascarando las mentiras de sus columnistas a sueldo y analistas en subasta.
Faltaba el Poder Judicial, ratonera donde los privilegios supuraban corrupción y pocos días antes de dejar el cargo, la iniciativa se volvió reforma y ésta ley constitucional.
Esto no hubiera sido posible sin que hubiera mayoría calificada en el Congreso. Diputados y senadores de Morena sacaron adelante una ley que los integrantes de este poder todavía no alcanzan a entender ni la derecha a digerir.
El Plan C tenía como el primer paso hacia la desactivación del golpe de Estado la mayoría calificada en ambas cámaras, la obtuvo de manera muy apretada pero finalmente se logró como una prioridad de la sobrevivencia de Morena en el poder y de Claudia Sheinbaum en la Presidencia.
La precisión del desmembramiento de una derecha coordinada muy posiblemente para asestar un golpe desde la mitad del sexenio anterior, tuvo el esencial apoyo de la población. La reducción del abstencionismo en México y el arrollador triunfo de la actual presidenta desactivaron los planes de la derecha y prácticamente lo hicieron comenzar de cero, pero ya comenzaron de nuevo.
