Claudia, EU y Vulcan
Las notas de los diarios estadunidenses advierten de las andanadas de cartas que están mandando los congresistas de ese país, a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los trajo Bernardo Quintana, el hombre de todas las obras en parte de México en los más recientes 50 años. Les vendió una presunta asociación y luego los dejó solos.
Sac-Tun inició operaciones hace más de 30 años bajo el nombre de Calica (Calizas Industriales de Playa del Carmen) en sociedad con la firma mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), la cual a los pocos años disolvió la sociedad, dejando sola a la filial del Vulcan en el negocio de la extracción de material pétreo y su exportación a Estados Unidos.
En 2023, el gobierno de López Obrador, como improcedente calificó la demanda compensatoria de 1,900 millones de dólares que reclamaba la firma Vulcan Materials por la clausura y ocupación de la mina Sac-Tun (antes Calica) y del muelle de Punta Venado en Playa del Carmen desde mayo de 2022.
Así se lee en la contestación oficial que el Gobierno Mexicano hizo llegar al Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde se ventiló este arbitraje promovido por la firma estadunidense.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) describía a Calica como una empresa dedicada a extraer y comercializar piedra caliza, la cual exportaba la mayor parte de su producción a la Unión Americana.
Esta firma contaba con dos concesiones para manejar dos terminales marítimas en Quintana Roo. Una de estas, era para el uso y manejo del material pétreo, mientras que la segunda fue de uso público y se utilizaba para el movimiento de transbordadores y cruceros turísticos.
El 23 de septiembre de 2024 el expresidente de México aprobó un decreto que declaró los terrenos de la minera estadunidense “área natural protegida”.
Se trata de terrenos cercanos a Playa del Carmen, donde Vulcan Materials había estado extrayendo material durante décadas y que son el origen de un arbitraje de inversiones abierto en el CIADI. En su conferencia de prensa de 25 de septiembre, López negó que se tratara de una expropiación.
Así en el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se declara área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna la superficie ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, en el estado de Quintana Roo, en la que se emplaza Calica.
Estados Unidos inmediatamente respondío a la afrenta. A ellos nunca les gusta perder, y siempre protegerán las inversiones de sus ciudadanos en el mundo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien advirtió que la ‘expropiación’ de los terrenos de la empresa Vulcan Materials en Playa del Carmen, “no es una buena forma de atraer inversiones”.
Blinken hizo esta mención en el Congreso de Estados Unidos luego de que el senador Tim Kaine lo cuestionó sobre el tema.
“Tenemos una empresa, Vulcan Materials, que tiene presencia en Virginia, Tennessee y otros estados del país. Poseen un puerto y tierra en México. AMLO ha tratado de apropiarse de ese terreno en dos ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares”, dijo el senador.
Ante esta mención, el secretario de Estado norteamericano añadió que han planteado con el Gobierno mexicano que “la confiscación de las empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones”.
Y es que en una larga contestación de 195 páginas el gobierno mexicano aseguró que el CIADI carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre las reclamaciones de la empresa, pues ésta alude a acciones supuestamente violatorias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ocurridas en 2022, es decir, dos años después de que dicho acuerdo fue sustituido por el Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El gobierno mexicano señaló además a Calica de “no tener las manos limpias” para reclamar violaciones a la normativa ambiental, pues las clausuras aplicadas a su predio La Rosita en Playa del Carmen se debió a que no tenía las autorizaciones ambientales necesarias para poder operar la extracción de piedra caliza.
Fue una tersa despedida de AMLO contra los intereses gringos. No les gustó. Pero el asunto se lo dejó a Sheinbaum. En el equilibrio, efectivamente ha habido muchas empresas aprovechadas con los espacios naturales mexicanos, pero también hay que entender que son inversiones.
Las notas de los diarios estadunidenses advierten de las andanadas de cartas que están mandando los congresistas de ese país, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Son claros: quieren buenas señales de este nuevo gobierno para sus inversiones en México, porque con el terco aquel, no lograron nada. Veremos.
