PRI impugna reforma al Poder Judicial por vicios legislativos y violación a la división de poderes
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha decidido llevar su lucha contra la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que el proceso legislativo estuvo plagado de irregularidades y violaciones al Estado de Derecho. En una conferencia de prensa, los senadores Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, acompañados por el coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, Manuel Añorve, anunciaron la presentación de una acción de inconstitucionalidad.
El PRI, a través de su presidente Alejandro Moreno, fundamenta su impugnación en que la reforma aprobada “no mejorará la justicia, sino que representa un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial”. Moreno subrayó la necesidad de una reforma integral en materia de justicia, pero no una que someta al Poder Judicial a los intereses del gobierno.
Carolina Viggiano, por su parte, denunció que durante la aprobación de la reforma se cometieron graves irregularidades, tales como la violación a suspensiones judiciales y la falta de discusión pública y deliberación en el Congreso. La senadora también señaló que la reforma es un ataque directo al principio de división de poderes, debilitando la independencia del Poder Judicial en detrimento del Estado de Derecho.
El argumento del PRI se centra en que los procedimientos legislativos fueron violados, y la aprobación de la reforma se llevó a cabo de manera apresurada, sin las discusiones necesarias tanto en el Senado como en las entidades federativas. Esto, según Viggiano, refleja una falta de responsabilidad por parte del oficialismo, que pone en riesgo la estabilidad del sistema democrático del país.
PRI impugna reforma al Poder Judicial por vicios legislativos y violación a la división de poderes
Alejandro Moreno calificó la reforma como “una locura” que, en su opinión, rompe el equilibrio de poderes y vulnera el régimen democrático, al tiempo que no resuelve las verdaderas problemáticas de justicia en México. El líder priista subrayó que la responsabilidad de los legisladores debe ser la defensa de la legalidad y el respeto a las suspensiones judiciales, advirtiendo que “quien no respeta una suspensión, comete un delito”.
El PRI anunció que, de ser necesario, seguirán presentando acciones legales contra la reforma. Viggiano mostró confianza en que la SCJN dará marcha atrás a esta legislación que, en su opinión, subordina al Poder Judicial a otros poderes, lo que representa una violación clara a los principios rectores del Estado de Derecho.
Esta acción de inconstitucionalidad refleja la postura crítica del PRI frente al avance de reformas que consideran buscan el control de instituciones fundamentales del país, y evidencia la lucha entre el oficialismo y la oposición en torno a los cambios estructurales que definirán el futuro del Poder Judicial en México.
