La reforma judicial…entre el “haiga sido como haiga sido” y el “amor con amor se paga”
Por: Jorge Torres Góngora
En los primeros días de este mes “patrio” fue aprobada por la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el dictamen con el proyecto de decreto que integra las modificaciones constitucionales en materia del Poder Judicial. Este dictamen, basado en diversas iniciativas, pero esencialmente en la que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador meses antes, fue elaborado por diputados de la Legislatura anterior, que concluyó en el mes de agosto, pero en la cual los votos de la coalición oficialista no bastaban para lograr que fuera aprobada.
Así es que, aunque lo usual es que una legislatura no considere dictámenes elaborados y votados en comisiones por legislaturas previas para votarlos en el pleno y así ser aprobados, en este caso, en razón de acelerar el proceso legislativo, los diputados electos el pasado dos de junio usaron el dictamen que ya estaba listo. Y es que ahora ya los legisladores de MORENA y sus aliados sí cuentan con la mayoría calificada en esa Cámara, con lo cual se aseguró su aprobación y envío al Senado de la República para continuar con el proceso de reforma constitucional.
Sin embargo, es necesario advertir que un cambio de esta magnitud, que modifica sustancialmente a uno de los pilares del Estado, como lo es el Poder Judicial, requería de un diagnóstico integral, completo y realizado de manera plural, escuchando y atend iendo las opiniones y consejos objetivos de especialistas de primer nivel en el tema y de cada actor relevante involucrado. No se hizo así.
Pero no solo el diagnóstico requería de mayor tiempo y participantes. También resultaba democráticamente ideal, que un cambio tan sustancial y relevante, contara con un amplio consenso, con la integración de diversas opiniones y preocupaciones, y no solo con una aplastante mayoría, en una decisión que polariza aún más la ya de por sí conflictiva situación política nacional.
Aunque el constituyente permanente está facultado para realizar prácticamente cualquier modificación constitucional, al cambiar en buena medida una parte fundamental de las bases del Estado mexicano, como en este caso, lo óptimo era la construcción abierta, sistemática, ordenada, amplia y bien intencionada de un listado de problemas y desafíos que afectan a la justicia a nivel nacional, así como de las propuestas detalladas para resolver unos y enfrentar los otros. No la hubo.
Seguramente, con el debido tiempo y con un proceso más ordenado, se hubiese logrado construir un diagnóstico más completo y preciso, y una propuesta más integrada y eficaz, lo que hubiese evitado enfatizar la polarización política y social, y derivado en un mejor modelo judicial. No fue así.
Queda la sensación de que hubo tan solo una aplastante mayoría que decidió avasallar a la oposición, así como a muchas voces de especialistas y organizaciones sociales, con el objetivo de que, sin mucho estudio ni discusión, se aprobara una reforma de enorme importancia para el futuro del País, con base tan solo en una visión, por no decir que en una ocurrencia, de carácter individual. Lo que antes tanto se criticaba.
Hay que recordar también que esta Legislatura inició con la sombra del abuso. Aunque el partido mayoritario y sus aliados lograron una amplia votación por sus candidatos al Congreso, ésta no fue similar a las dos terceras partes del total, sin embargo, sí obtuvieron por el INE una asignación de escaños y curules que les otorgó esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y que los dejó a tres lugares de conseguirla en el Senado, los cuales compensaron con dos integrantes que ganaron su elección abanderados por el desintegrado PRD, con lo que ahora solo requieren de uno.
No fue un acto ilegal, ya que su distribución se basó en una norma que fija un límite de sobrerrepresentación por partido político y no por coalición, como de facto actúa el bloque oficialista, con lo cual cada partido optimizó su acceso a la representación proporcional.
Sin embargo, una decisión del PVEM, una vez que se le asignaron por el INE los diputados que le correspondían, desenmascaró los objetivos de la alianza, al instruir a 15 de esos diputados a integrar la bancada de MORENA, con el objetivo de que este partido lograra encabezar el gobierno de la Cámara durante toda la legislatura, y con lo cual, ahora sí, habría que ver si resulta sobrerrepresentado ese partido por encima de lo que la ley establece, en cuyo caso, sería una clara muestra de que solo buscaron eludir la ley electoral.
Al momento de escribir esto, aún no se había votado la reforma en el Senado. No es claro si será aprobada en esa instancia, y por tanto va a continuar su curso sin mayor desafío en las legislaturas estatales. En cualquier caso, el proceso legislativo debió haber sido más aseado, y sin prisas, pero “haiga sido como haiga sido”, lo que sea que esa frase nos recuerde, así se construyó y así actuó la mayoría parlamentaria, con el único fin de darle gusto al gobierno actual, que lograría con ello realizar su “plan C”, por el supuesto mandato de los electores.
Hay que revisar las posibles implicaciones de esta reforma. Ya ha sido bastante difundida la opinión contraria de miembros del gobierno estadounidense, ni más ni menos que el principal socio comercial del País y lugar de residencia de millones de compatriotas que apoyan la economía nacional con sus remesas, así como del de Canadá, de diversos organismos internacionales, de las calificadoras y otras instituciones financieras. Esto ha golpeado al tipo de cambio, pero principalmente impacta en las perspectivas de inversión, de la cual depende en buena medida el crecimiento económico. No es algo menor.
Uno de los aspectos que más preocupa a los inversionistas es que un cambio tan drástico en el sistema judicial corra el riesgo de afectar las bases con las cuales se tomen sus decisiones, al contar con jueces, ministros y magistrados que podrían percibir el incentivo de alejarse de la ley y de la justicia, para enfocarse más en lograr el respaldo popular, o incluso priorizando los casos con mayor impacto popular, en detrimento de otros no menos valiosos socialmente, en especial para los afectados.
Y es que la necesaria búsqueda de apoyos populares podría afectar su independencia de otros poderes, tanto institucionales como fácticos, ya que los candidatos serían propuestos principalmente por instancias cuyo control actual reside en una sola fuerza política, y ya en la arena pública, esos candidatos deberán contar con el respaldo de personas y grupos que sean capaces de movilizar y promover el voto en su beneficio. Al final, quienes otorguen ese apoyo, podrían en un futuro recordarle a los nuevos jueces, ministros y magistrados una frase identificada con el actual liderazgo morenista: “amor con amor se paga”.
Otro elemento que provoca la reacción en contra, es que esta reforma es una señal, no muy positiva, de que el siguiente gobierno podría utilizar en cualquier momento esta avasallante mayoría para tomar cualquier decisión, por más relevante que sea, sin tomar en cuenta opiniones diversas ni buscar construir consensos. Esto deriva en que se perciba un ambiente institucional incierto, en el cual no se conoce con certeza cuál será el entramado de reglas y normas que deberán enfrentar futuras inversiones, lo cual desincentiva a muchas de ellas.
Ante ello, desde el gobierno se ha afirmado que la justicia está por encima de los mercados y de las inversiones. En la práctica lo cierto es que mientras mejor sea el sistema de justicia de un País, resulta viable atraer mayores niveles de inversión, ya que se minimiza el riesgo de una decisión judicial desapegada a la ley. Por otro lado, se percibe que la reforma planteada no necesariamente va a fortalecer el Estado de Derecho ni mucho menos asegurar una mayor justicia.
No es necesariamente más legítimo un servidor público por ser electo popularmente, que por ser designado en un proceso abierto, con reglas claras y con un perfil adecuadamente diseñado para asegurar que sea un elemento honrado, independiente y, algo esencial, que resulte ser capaz de efectuar el desempeño de su tarea de manera eficiente y eficaz, apegado a la ley, así como a objetivos y metas de gran valor social.
Y es que de lo contrario, el siguiente paso debe ser que los miembros del gabinete y el personal directivo de diversos niveles de la administración pública, federal y estatal, sean también electos popularmente, empezando por el Fiscal General, ya que no basta con que los nombre unilateralmente una sola persona, aunque sea quien encabece el gobierno, por mayor apoyo popular con el que cuente. También habría que elegir al Auditor de la Federación, y a otros. Eso quizá los legitimaría socialmente, pero ¿acaso se aseguraría con ello su independencia, su honradez y su eficacia?.
Una nueva integración del poder judicial, que sea con base en una elección popular, seguramente va a destruir de raíz las redes actuales de corrupción y malas prácticas que afectan a la institución, pero nada asegura que no vayan a construir unas nuevas. Eso de que ahora se van a deber al pueblo que los eligió es tan incierto, como lo es también en el caso de legisladores y gobernantes. Cuando la salida ideal quizá está en alejar lo más posible el nombramiento de los jueces de consideraciones políticas, esta reforma va en el sentido contrario.
Lo que se necesita es un sistema de corrección y vigilancia y de reglas que busquen minimizar los actos de corrupción o de arreglos fuera de la ley y la justicia, y en su caso sancionarlos de manera efectiva y ejemplar. Un comportamiento ético y con base en un convencimiento profundo de lo bueno y lo correcto es deontológicamente deseable, pero muy poco común, y resultaría incluso irresponsable diseñar un sistema judicial que solo dependa de ello para asegurar una impartición de justicia sólida y eficaz.
Reducir la discusión a un enfrentamiento entre “la justica y los privilegios” es no solo un error sino una falacia. Es cierto que hay muchos integrantes del Poder Judicial que reciben privilegios indebidos. Es insensato afirmar que no hay corrupción en las decisiones de muchos jueces, magistrados y ministros, y de sus colaboradores. Quien diga que no se han formado élites al interior del Poder Judicial para que un pequeño grupo cerrado tome muchas de las decisiones más importantes, miente.
Sin embargo, asegurar que con la reforma se va a lograr la justicia y el Estado de Derecho, es un engaño. La justicia no necesariamente implica decisiones populares. Incluso, por el contrario, una decisión justa y apegada a la ley, podría resultar impopular. La aplicación de la justicia no depende de la representación popular ni de la opinión de la mayoría, la justicia debe estar atada solamente a lo que establece la Ley y al respecto a las garantías y derechos de toda la población, ni solo al interés de una élite privilegiada, ni únicamente a la satisfacción de una mayoría, por más grande que ésta sea.
