Tónica del que se va y de la que llega
· Ni los veo ni los oigo
· Crece la protesta por reforma judicial
· Independencia judicial no es privilegio
· Amenazas cumplidas
La protesta social y la inconformidad de diversos sectores de la sociedad por la pretendida reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador con ayuda de todos sus secuaces del Congreso de la (des) Unión parece no importarle al mandatario, quien a menos de un mes de dejar el cargo sigue abonando y azuzando la polarización entre la población, tal como lo ha hecho desde el inicio de su administración.
El asunto es que quien lo sucederá en el cargo a partir del uno de octubre, o sea la doctora Claudia Sheinbaum, también ha dado muestras que la polarización social ni le preocupa ni le ocupa, porque mantiene la misma tónica que su predecesor, tal cual aplicó su odiado enemigo Carlos Salinas de Gortari: Ni los veo ni los oigo.
Quizá no quieren entender que la protesta social, cada día en aumento, no es sólo en defensa del Poder Judicial, sino por la defensa del estado de derecho y está demostrado que quienes violan y atentan en contra de las garantías y derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política de nuestro país, son los propios representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, primordialmente.
Lo que se ve actualmente en el Congreso de la (des) Unión con la repartición de curules para favorecer a Morena, es prueba fehaciente de las violaciones a la Constitución y lo más grave, del fraude a los electores a quienes no se les respetó su voto.
A los diputados de Morena y sus aliados, ahora también algunos del PRI, PAN y PRD que de última hora se sumaron a los morenistas, no les importó siquiera que dos jueces federales hayan ordenado la suspensión provisional de la discusión de la reforma judicial. Siguieron adelante para aprobar de manera urgente la reforma sin reparar en que con ello entraban en desacato. Les valió.
Es más, envalentonados por el poder omnímodo avalado desde Palacio Nacional, los diputados morenistas y agregados, solicitaron juicio político en contra de los dos jueces que cumplieron con su trabajo y se atrevieron a ordenar la suspensión
para que el Pleno de la Cámara de Diputados no discuta la Reforma Judicial.
Ambas suspensiones prohíben que el proyecto de reforma no sea sometido a votación en San Lázaro, alegando que la iniciativa no podía ser discutida en la nueva Legislatura sin una resolución definitiva sobre su legalidad.
Con estas acciones se nota a todas luces que Morena busca ahora encarcelar a los jueces. Esto, por supuesto, ya fue interpretado como una persecución judicial y un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, lo cual también deja ver que las y los legisladores de Morena, PVEM, PT y demás agregados, están dando muestra del autoritarismo con el que el partido en el poder y Gobierno Federal quieren conducirse en el futuro.
Independencia no es privilegio
En diversos foros se ha planteado, con argumentos legales y con bases jurídicas que la iniciativa de reforma judicial propuesta por el presidente y el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXV legislatura representa un grave retroceso para la independencia judicial y el estado de derecho en nuestro país.
La independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino una garantía de todas las personas que acuden a un juzgado o tribunal, de que su asunto será resuelto de acuerdo al derecho y a los hechos del caso y no con base en presiones políticas, económicas, mediáticas o de cualquier otra índole.
La propuesta de remover a las más de 6,500 personas juzgadoras del país, tanto a nivel federal como local en un plazo de dos años, entre 2025 y 2027, y sustituirlas por personas que podrían no tener ninguna experiencia en la impartición de justicia, conlleva el grave riesgo de paralizar la impartición de justicia por meses, en detrimento de los intereses y preocupaciones de cientos de miles de personas que acuden a los órganos jurisdiccionales para la solución de todo tipo de conflictos y controversias.
Además, el hecho de que las personas juzgadoras tengan que pasar por una preselección en manos de los tres Poderes de la Unión, realizar campañas electorales y, posteriormente, someterse a una elección popular, implica que adopten prácticas propias de las y los políticos, lo cual no abonará a su legitimidad e imparcialidad.
Lo más probable es que las personas juzgadoras tomen decisiones en función de los intereses de sus electores o de los grupos que apoyan su candidatura.
Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada a revisar el caso y ejercer la facultad de atracción de los recursos de queja que se interpongan contra dicha suspensión.
Amenazas cumplidas
Las amenazas del Poder Ejecutivo –directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el inicio de su administración y a menos de un mes de dejar el cargo– para extinguir a los órganos autónomos que le han sido incómodos en el ejercicio de su poder plenipotenciario, finalmente se están cumpliendo. Conforme a lo aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se extinguirán siete órganos autónomos:
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.
Es un hecho que la condición necesaria para la prosperidad es un estado de derecho que garantice reglas claras y justas que impulsen la inversión productiva a través de una regulación eficiente que estimule la operación de las empresas ya establecidas y la creación de nuevas. Para ello es fundamental la existencia de órganos autónomos que se ocupen al máximo de la vigilancia e instrumentación de las políticas necesarias que aseguren un ambiente de legalidad.
La posición del gobierno es fundamental en este entorno, toda vez que es el responsable de establecer y vigilar el mejor entorno posible. Sin embargo, su oposición a los órganos autónomos y antagonismo a la participación en sectores estratégicos por parte del sector privado han complicado seriamente la posibilidad de lograr un ambiente mucho más amigable para la inversión.
La insistencia en desaparecer los órganos autónomos e independientes para redirigir sus responsabilidades a las secretarías de estado, con el argumento de evitar el dispendio de recursos, la duplicidad de funciones y mejorar y modernizar la gestión pública, sólo limitará su función a los deseos del gobierno.
Evidentemente esto deja a discreción del Ejecutivo cualquier decisión que se pueda relacionar con acciones encaminadas a estimular el crecimiento y bienestar. Sin duda la incertidumbre crece en este entorno y las expectativas de crecimiento se debilitan aún más.
