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Gobernadores de México Alertan sobre Impacto de Eliminar Prisión Preventiva Oficiosa

Gobernadores de México Alertan sobre Impacto de Eliminar Prisión Preventiva Oficiosa

Gobernadores de México Alertan sobre Impacto de Eliminar Prisión Preventiva Oficiosa

En una acción sin precedentes, los 32 gobernadores de México unieron fuerzas al presentar un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtiendo sobre las graves consecuencias que podría acarrear la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en el sistema judicial y la seguridad pública del país.

En el documento entregado a la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, los mandatarios estatales resaltaron la importancia de mantener la supremacía constitucional sobre las normativas internacionales. Esto surge como respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó al Estado mexicano por considerar inadecuada dicha medida cautelar.

Gobernadores de México Alertan sobre Impacto de Eliminar Prisión Preventiva Oficiosa

Los gobernadores coincidieron en que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa tendría un impacto negativo en la seguridad pública, a la vez que sobrecargaría los tribunales federales al exigirles revisar cada solicitud de modificación en las medidas cautelares. Además, enfatizaron que esta medida es crucial en la lucha contra el crimen, al asegurar un proceso penal adecuado, proteger a las víctimas y prevenir la impunidad.

Gobernadores de México Alertan sobre Impacto de Eliminar Prisión Preventiva Oficiosa
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La propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa, junto con otras medidas cautelares, está siendo evaluada en la SCJN. En caso de ser aprobada, tendría efectos generalizados en todo el país y debería ser acatada por todos los jueces, tanto del fuero común como del federal.

Ver también

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo recientemente presentó un proyecto para cumplir con la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro contra México. Esto deja claro que las decisiones de la Corte IDH deben ser acatadas sin objeciones por parte del Estado mexicano.


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