Ante Violaciones constitucionales de Layda, amparan a policías en paro
Sigue vivo el llamado a la ciudadanía para manifestarse nuevamente el próximo 13 de abril en respaldo a los y las uniformadas, quienes pese a contar con la protección de la justicia federal, los siguen intimidando.
Ni la gobernadora, ni la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana /SPSC), Marcela Muñoz, pueden tocarlos y menos seguir amenazándolos con despidos y cárcel.
Plan “C” de Claudia Sheinbaum, fracasará en la entidad, con la consiguiente pérdida de diputaciones tanto locales como federales y senadurías, alertan especialistas.
Este estado, bastión del Obradorismo, corre el riesgo de que se pierda electoralmente ante la cerrazón, incapacidad y soberbia de la gobernadora Layda Sansores San Román y de su protegida, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana estatal (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, quienes corren el riesgo de ser ellas las que sean destituidas por no respetar el debido proceso judicial.
Y es que pese a que el juez primero de Campeche concedió un amparo a los policías que protestan desde hace 19 días contra las autoridades estatales, incluida la gobernadora Layda Sansores, para evitar su detención, suspensión o cualquier forma de privación de libertad, los siguen intimidando al ser citados a comparecer ante órganos policiacos administrativos, con la finalidad de posteriormente fabricarles delitos.
Pese a que días antes les dijo que “tenían una hermana” en su persona, la gobernadora Layda Sansores, anunció la destitución de 9 policías por encabezar protestas, en demanda de contar con un mejor equipo y capacitación, así como mayores salarios y mejores condiciones para realizar su trabajo, como consecuencia de las vejaciones que sufrieron mujeres uniformadas al ingresar al penal de Kobén el pasado 15 de marzo.
Ante este atropello a sus derechos, el juez de la causa, les otorgó un amparo en tanto se analiza de fondo su situación, al tiempo de abrir un juicio en donde las autoridades estatales involucradas deberán comparecer.
Durante una asamblea informativa que se realizó la víspera, en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, los diputados José Flores, de Morena, y Ricardo Medina, del PRI, anunciaron la suspensión provisional otorgada por el juez, que ordena cesar todo acto de hostigamiento, represión o intimidación contra los policías en protesta.
Medina manifestó que el apego a la ley es clave para resolver el conflicto originado por un operativo fallido en el Cereso de San Francisco Kobén, que reveló irregularidades y malas condiciones laborales en la SPSC, lo que motivó la protesta exigiendo la destitución de la titular Marcela Muñoz y sus altos mandos.
Ante los señalamientos y amenazas, se buscó protección judicial a través de un juicio de amparo contra las autoridades estatales, iniciando por la Gobernadora, para garantizar la seguridad de los policías.
“La buena noticia es que ayer por la tarde en el expediente 425, el juzgado primero de Distrito Federal otorgó una primera resolución favorable a todos ustedes, el juez federal otorgó a través de esta resolución la suspensión de acto reclamado por parte de todas las autoridades, iniciando por parte de la gobernadora”.
La resolución del juez prohíbe a las autoridades realizar cualquier acción que prive de libertad a los policías en protesta desde el 15 de marzo, así como actos de intimidación o represión.
“Todos los elementos están contemplados de manera individual en esta resolución, aquí están los nombres de ustedes (…) Es una orden explícita que da el Juez Federal para que cese cualquier acto de intimidación, amenaza, hostigamiento, tortura, etcétera, por parte de las autoridades estales, esto evidentemente como un primer paso porque a la par de esto, el juez está pidiendo informes, está abriendo un juicio donde las autoridades tendrán que comparecer ante la autoridad judicial federal y fijar su postura”.
Los legisladores advirtieron que violar el amparo podría llevar a la destitución de las autoridades.
Destacaron que Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, debió ser suspendida desde el inicio de las investigaciones por el operativo fallido que puso en peligro la vida de los policías.
Además, se informó que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, Ligia Rodríguez, propuso reanudar las mesas de diálogo para resolver el conflicto.
El diputado Medina reiteró que seguirán el camino legal y criticó la falta de sensibilidad del gobierno del Estado, que ha complicado el conflicto.
DENUNCIAS DE LAYDA
Como se sabe, Layda Sansores y Marcela Muñoz amenazaron con destituir y meter a la cárcel a los elementos policiacos inconformes de tantas vejaciones e incapacidad de sus jefes, e incluso Sansores informó que interpuso las denuncias correspondientes, sin embargo, esto sirvió como prueba jurídica, así como otras violaciones a su persona y a su labor policiaca, para que se les otorgara el amparo que impide destruirlos, precisaron los legisladores que los asesoran.
VIOLACIONES CONSTITUCIONALES
Especialistas y dichos legisladores, recordaron que el paro de labores de los policías fue provocada tanto por Layda Sansores como Marcela Muñoz, luego de que la secretaría de seguridad enviara a los oficiales al penal de Kobén sin el equipo necesario para trasladar a un grupo de reos, lo que provocó que se desatara un motín al interior en el que muchas mujeres policías sufrieron agresiones sexuales y que ahora son respaldadas por prácticamente todos los campechanos.
