Anular elecciones
Se vislumbra un fraude en las próximas elecciones del 2 de junio, así lo sospecha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el mandatario que ve muy activos a los jueces, que ya le prohibieron hablar de fulanito y menganita. Le preparan una lista de las posibles faltas que cometa para poder utilizarlas en la calificación de la elección presidencial.
Es parte de la guerra sucia que encabeza la derecha, dice López Obrador. Hasta una diputada de la derecha española, Cayetana Álvarez, vino a criticar las políticas del gobierno actual, a decir a los jóvenes que defiendan la democracia.
La democracia en México la retomaron los mexicanos desde que el Revolucionario Institucional (PRI) bajó por primera vez de la silla presidencial, porque fue elección de los mexicanos. Que después los resultados fueran yendo a peor con el arribo al poder de Acción Nacional (PAN) es otro asunto, y aunque se defendió con capa y espada la democracia, los que estaban en el poder lograron secuestrarla una vez más.
Piensa la diputada española que los mexicanos no tienen memoria. También ostenta el título de marquesa, posición que se hereda desde hace siglos, cuando un mando divino intervenía en las decisiones para gobernar a un pueblo. Dice a los pobres que se dejen de hacer las víctimas, porque eso piensa de la izquierda. Parece desconocer la trayectoria de varios gobernantes del PRI y PAN, que están presos o son investigados por corrupción y otros delitos o lo sabe y sínicamente critica a la izquierda mexicana.
De estas acciones se vale la oposición y quienes están en contra del gobierno de López Obrador; de traer oradores a intentar disuadir al electorado y se dirigen a los jóvenes porque piensan que desconocen la historia de México.
La otra estrategia sería anular las elecciones, porque ven que no les favorecen las encuestas ni discursos que den sus candidatos, en los que siempre tienen traspiés.
Según la norma, los funcionarios o el presidente tienen limitaciones durante los 90 días previos a las elecciones. Deben mantener una posición neutral. Así lo establece la Constitución y ya dijo López Obrador que va a cumplir con esto. Desde el primer día de marzo sólo se permite propaganda de carácter institucional y fines informativos, por lo que en ningún caso debe existir propaganda gubernamental que incluya: nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público, además de la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que le son asignados a los sujetos de derecho.
Mientras lo anterior se respete por cualquier funcionario público no habría motivo para invalidar las elecciones por estas razones.
