24 estados de EEUU demandan al gobierno de Trump para bloquear nuevos aranceles
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, en lo que representa el primer desafío legal a los nuevos aranceles globales del 10 por ciento anunciados recientemente por la Casa Blanca.
Los gobiernos estatales argumentan que el mandatario no tiene facultades para aplicar estas tarifas tras una decisión previa de la Suprema Corte de Estados Unidos que invalidó la mayor parte de los impuestos a las importaciones impuestos con anterioridad.
Estados demócratas cuestionan legalidad
La demanda fue promovida principalmente por estados gobernados por demócratas, entre ellos New York, California y Oregon. Las autoridades locales sostienen que los nuevos gravámenes, anunciados poco después del fallo del alto tribunal del 20 de febrero, también violan la legislación vigente.
Uso de una ley para emergencias económicas
Los aranceles fueron establecidos por un periodo de 150 días con base en la Ley de Comercio de 1974, normativa pensada para enfrentar crisis monetarias temporales.
Sin embargo, los estados demandantes aseguran que el gobierno federal está utilizando esta legislación para atender déficits comerciales estructurales, situación que —afirman— no corresponde a una emergencia económica. La querella fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York.
El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, declaró en conferencia de prensa que la medida constituye un intento del presidente por evadir la colaboración con el Congreso, como establece la Constitución estadounidense.
Según Rayfield, la política arancelaria de Trump ha generado altos costos económicos para ciudadanos, empresas y gobiernos estatales, con pérdidas estimadas en cientos de miles de millones de dólares.
La Casa Blanca defiende la medida
Desde la Casa Blanca, el portavoz presidencial Kush Desai aseguró que el gobierno defenderá en tribunales la legalidad de la decisión.
De acuerdo con el funcionario, el presidente está ejerciendo facultades otorgadas por el Congreso para enfrentar problemas en los pagos internacionales y los grandes déficits en la balanza de pagos del país.
El decreto firmado el 20 de febrero estableció un arancel general del 10 por ciento a las importaciones. No obstante, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que estas tarifas podrían incrementarse hasta 15 por ciento en los próximos días.
Golpe judicial previo a la política arancelaria
Durante su segundo mandato, Trump ha colocado los aranceles como uno de los ejes de su política económica y exterior, defendiendo una autoridad amplia para aplicarlos sin la aprobación del Congreso.
Sin embargo, el 20 de febrero la Suprema Corte de Estados Unidos invalidó gran parte de las tarifas impuestas bajo la International Emergency Economic Powers Act, al considerar que esa ley no otorgaba al presidente las facultades que reclamaba para aplicar dichas medidas comerciales.
