Víctimas impulsan nueva etapa en la búsqueda de desaparecidos
Gobierno federal incorpora propuestas de 450 colectivos
La voz de más de 400 colectivos de búsqueda y familias de personas desaparecidas fue escuchada y canalizada por el Gobierno de México para fortalecer la nueva propuesta legislativa en materia de desaparición, anunció la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Durante un encuentro nacional con representantes de estos grupos, la funcionaria destacó que se integraron más de 570 propuestas ciudadanas a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este proceso marca un giro significativo en la política pública: la construcción de una reforma legal con base en el conocimiento y la experiencia directa de quienes han sostenido la búsqueda de personas desaparecidas por años, muchas veces sin apoyo oficial. Las propuestas presentadas abarcan desde el uso de nuevas tecnologías hasta la inclusión de identidades diversas, bases de datos abiertas, y protección real para las familias buscadoras.
“Esta reforma no nace solo desde el escritorio, sino desde la calle, desde los campos, desde los cementerios clandestinos que han recorrido madres, hermanas y padres en busca de sus seres queridos”, subrayó Rodríguez. Agradeció especialmente el aporte de quienes, en medio del dolor, han insistido en la justicia como derecho colectivo.
Entre las modificaciones sustanciales se encuentran la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, el reconocimiento legal de las redes afectivas no tradicionales y del nombre social de personas desaparecidas LGBTIQ+ o en situación de calle, y una estricta regulación de la Plataforma Única de Identidad. Además, se elimina la exigencia de CURP para iniciar una búsqueda inmediata, un reclamo histórico de los colectivos.
Víctimas impulsan nueva etapa en la búsqueda de desaparecidos
Víctimas impulsan nueva etapa en la búsqueda de desaparecidos
Otro aspecto central es el compromiso del Gobierno Federal de emitir en un plazo no mayor a 90 días el reglamento pendiente desde 2017, además de obligar a los estados a sistematizar los registros forenses y resolver el rezago en el manejo de cuerpos no identificados en un plazo de tres meses.
La iniciativa también incorpora avances tecnológicos como el uso de drones y satélites, así como nuevas fuentes de información que incluyen clínicas de rehabilitación y hospitales psiquiátricos.
Finalmente, se garantiza la participación con voz y voto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Sistema Nacional de Búsqueda, y se establecen medidas específicas de protección para las familias que continúan realizando tareas de búsqueda en el país.
Con esta reforma, el gobierno busca cerrar un ciclo de omisiones e inacción institucional, para iniciar uno donde la justicia y la memoria sean construidas en conjunto con las víctimas. Como expresó Rodríguez: “Esta lucha también es nuestra, porque detrás de cada búsqueda está el rostro de un ser humano que no puede ser olvidado”.
