Tensión en la alianza oficialista mientras avanza la nueva Ley de Telecomunicaciones
Mientras en el Senado se afinan los últimos detalles para la eventual aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, en la Cámara de Diputados crecen las tensiones dentro del bloque oficialista. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, confirmó que el dictamen podría discutirse en el pleno a más tardar el miércoles, siempre y cuando se apruebe en la colegisladora antes del próximo lunes.
Sin embargo, más allá del debate sobre la posible censura en redes sociales, el líder parlamentario de Morena enfrenta también un reto interno: la amenaza del Partido del Trabajo (PT) de romper con la coalición. El diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, expresó su inconformidad por no haber sido tomado en cuenta en decisiones clave dentro del pleno y las comisiones, incluso amagó con que su partido podría ir solo en los procesos electorales de Veracruz y Durango en 2025.
Monreal reconoció que buscará el diálogo con Sandoval para evitar una ruptura que debilite la mayoría legislativa de la autodenominada Cuarta Transformación. “Nosotros aspiramos a que la coalición siga unida. Hay diferencias, sí, pero también voluntad política”, declaró el senador con licencia.
Debate polarizado
En tanto, desde la oposición, la crítica se centra en los efectos de la nueva legislación sobre la libertad de expresión. Elías Lixa, líder del PAN en la Cámara de Diputados, acusó a Morena de pretender instaurar un régimen de censura bajo el pretexto de combatir las noticias falsas.
Tensión en la alianza oficialista mientras avanza la nueva Ley de Telecomunicaciones
“Esto no es una reforma de telecomunicaciones, es un nuevo intento de dictadura digital”, aseguró Lixa, quien también lanzó un llamado a los medios de comunicación para mantenerse vigilantes. En tono irónico, advirtió que “este podría ser el último fin de semana en el que los mexicanos disfruten libremente sus redes sociales”.
Aunque Monreal confió en que el Senado eliminará los apartados más controvertidos del dictamen –como las sanciones y posibles cierres de cuentas por desinformación–, la iniciativa ha encendido una nueva batalla política que no solo enfrenta a oficialismo y oposición, sino que pone a prueba la solidez de la coalición gobernante.
