Suprema Corte del pasado
Triques
Por José García Sánchez
Si no hay cambio real, profundo en los tres poderes de la Unión no hay transformación. El Legislativo se mueve por su mayoría, el Ejecutivo por su ideología y el Judicial por sus intereses. Es decir, cada uno jala por su lado otorgando a esa anarquía el nombre de autonomía, lo que imponen es un individualismo de tal dispersión que los ministros terminan pro mostrarse a sí mismo como delincuentes.
Si se suman de esa manera las tres autonomías la incongruencia es la que tiene el poder y no un proyecto que marque el presente o dé a conocer el estilo personal de gobernar del que hablaba con precisión don Daniel Cosío Villegas.
La democracia es el poder del pueblo. Pero si alguno de los tres poderes que conforman el sistema político mexicano está fuera del alcance de la población para ser elegibles, no hay democracia y, en el caso de México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia crearon su propio país y su propia Constitución, determinando lo que es legal e ilegal y, de paso, definiendo lo que es justo e injusto. Incluso van más allá, en su excesivo intento por regir los destinos de los mexicanos dictan lo que es bueno y lo que es malo.
Desde la forma de vestir de los ministros de la Suprema Corte hasta sus fallos, parecieran corresponder a varios siglos atrás. Su lenguaje inentendible, en una jerga hecha para iluminados, es una expresión de discriminación debiendo ser parte del discurso del pueblo. Los ministros de la suprema Corte de Justicia de la Nación han vivido muy alejados de la población, tanto que hablan dos idiomas diferentes, lo que se convierte en una metáfora del distanciamiento entre leyes, justicia y pueblo.
Si no se abre la posibilidad de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el sistema político mexicano no sólo mostrará su estancamiento sino que retrocederá.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia pareciera ser el Vaticano para los católicos, porque ellos determinan el rumbo de la justicia y en su interpretación de las leyes van de por medio sus intereses personales. Los 200 millones que le entregaron a la Presidenta ministra Norma Piña para detener el Plan B electoral, debe ser no sólo ventilado por todos los medios, como muestra de su pluralidad e imparcialidad, sino castigada severamente.
Porque si el buen juez por su causa empieza ella misma debe confesar, juzgarse y meterse a la cárcel, que sería su destino si en realidad justicia y legalidad tuvieran vigencia en México. Los ministros se acostumbraron a ser los sacerdotes de la justica, incluso ellos mismos eran enviados de dios, como sucedía en las cortes monárquicas y en la Inquisición.
Con o sin razón, con o sin justicia, con o sin legalidad los ministros imponían sus fallos y sentencias de acuerdo a sus intereses y lo siguen haciendo a grado tal de invadir responsabilidad de otro de los poderes, el Poder Legislativo, que es el único responsable de renovar, reformar y actualizar las leyes en el país, pero como la Corte en México es tan conservadora que parece debatir en el pasado, sus decisiones logran pasar por encima de los todos los poderes de manera impune argumentando inconstitucionalidad. Vivimos en el pasado con un Poder Legislativo seleccionado y electo por una camarilla afín a sus intereses.
La injerencia de extraños personajes en la Suprema Corte de Justicia sería suficiente como para descalificar su actuación como máximo órgano legal; sin embargo, los ministros actúan con tal impunidad que ponen sus casos en venta de garaje en una subasta de leyes y en ese tianguis de comercio no sólo informal sino ilegal, condenan hasta a su propia madre sin importarles si es culpable o inocente de haberlos parido.
La selección de los ministros de la Suprema Corte, incluso de los propios ministerios públicos y de los jueces, que también han mostrado un alto grado de corrupción, deben ser electos por la población.
