Sheinbaum anuncia plan hídrico nacional y advierte sobre acaparamiento ilegal del agua por parte de empresarios y políticos
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles una ambiciosa estrategia nacional para garantizar el acceso equitativo al agua y tecnificar el riego agrícola en todo el país. Sin embargo, el anuncio trascendió más allá de los aspectos técnicos y presupuestales, al incluir una fuerte denuncia sobre el uso irregular del recurso por parte de elites económicas y políticas del pasado.
Durante la presentación del programa, que contempla una inversión total de 186 mil 567 millones de pesos durante el sexenio y la creación de 65 mil empleos, la mandataria reveló que se ha detectado un patrón de acaparamiento de agua en las regiones con mayor escasez. “Se ha encontrado que políticos del pasado y empresarios de muy alto nivel tienen lagunas, pozos y presas sin permiso en sus propiedades particulares”, denunció.
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, indicó que ya se han verificado más de 260 mil títulos de concesión en todo el país, como parte de una auditoría integral. En el caso de Chihuahua, dijo, se han identificado múltiples aprovechamientos ilegales. “Hemos iniciado el diálogo con algunos de ellos para su regularización, pero se buscará que todos se apeguen a la ley”, afirmó.
Sheinbaum anuncia plan hídrico nacional y advierte sobre acaparamiento ilegal del agua por parte de empresarios y políticos
El gobierno federal planea recuperar varias de estas concesiones para devolver el agua a las comunidades que más la necesitan. La revisión de títulos y concesiones se realiza en paralelo con proyectos de gran escala como el saneamiento de los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, que tendrán una inversión inicial de 1,100 millones de pesos en 2025.
Además, se invertirán más de 62 mil millones de pesos en la tecnificación de 17 distritos de riego, el programa hidroagrícola de subsidios y el llamado Plan Tabasco, enfocado en infraestructura rural.
Sheinbaum subrayó que el objetivo no es solo modernizar la infraestructura hídrica, sino también “garantizar el acceso justo y sustentable al agua, un derecho que debe estar por encima de intereses privados”.
