PRI intensifica confrontación con Morena y acusa “secuestro” del Poder Judicial en vísperas de toma de protesta
En medio de un clima político enrarecido y tras un reciente altercado en el Senado, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su bancada no acudirá este lunes 1 de septiembre a la sesión solemne en la que rendirán protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación.
“Es una gran farsa. No vamos a legitimar un acto que atenta contra la división de poderes”, sentenció Moreno en un mensaje difundido en redes sociales, donde acusó a Morena de “secuestrar” la justicia y convertirla en “un brazo ejecutor del Gobierno”.
La decisión del PRI se produce en el contexto de la reforma judicial que permitió, por primera vez, la elección directa de jueces, magistrados y ministros, proceso que concluyó el pasado 1 de junio con apenas un 13 % de participación y más del 10 % de votos nulos. La oposición calificó dicha elección como “una intervención autoritaria” que, a su juicio, elimina contrapesos y coloca al Poder Judicial “al servicio del régimen”.
Moreno advirtió que su partido no avalará “un modelo que convierte la justicia en un arma contra los opositores”, asegurando que defenderán la autonomía judicial “incluso con nuestra vida”.
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Escalada de tensiones en el Senado
El anuncio ocurre apenas días después de un enfrentamiento físico entre Moreno y el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña, cuando el líder priista irrumpió en el estrado durante una sesión para reclamar el uso de la palabra. El incidente desató empujones y manotazos, lo que ha elevado la tensión política en la Cámara Alta.
Mientras tanto, la sesión solemne está programada para este lunes a las 19:30 horas, donde 881 juzgadores federales, incluidos los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —que por primera vez será presidida por un ministro de origen indígena— tomarán protesta.
Este cambio histórico en el Poder Judicial es resultado de la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, pese a cuestionamientos de organismos internacionales y organizaciones civiles por la falta de filtros y la rapidez del proceso.
