Gravar remesas golpearía a millones de familias mexicanas y violaría tratados internacionales: Gobierno de México
La propuesta del expresidente estadounidense Donald Trump para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia otros países ha encendido las alertas en el Gobierno de México, que considera la medida no solo discriminatoria e ilegal, sino también una amenaza directa a millones de familias mexicanas que dependen de ese ingreso.
Durante la Mañanera del Pueblo número 152, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “totalmente ilegal” la intención de gravar las remesas, argumentando que dicha propuesta vulnera tratados internacionales vigentes entre ambos países. “No sólo afectaría a México, sino a naciones como India, que también tiene un tratado con Estados Unidos desde 1990. Esta medida representa una violación a lo acordado”, señaló.
El impacto económico sería significativo. El secretario de Hacienda, Édgar Amador, precisó que en 2024 México recibió 64,700 millones de dólares en remesas, equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), recursos que representan una fuente vital de subsistencia en varios estados. Tan solo Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas reciben remesas que equivalen hasta al 16% de su PIB estatal.
“Estos recursos ya fueron gravados en Estados Unidos. Aplicar un impuesto adicional sería doble tributación, algo expresamente prohibido por el artículo 25 del tratado bilateral vigente desde 1994”, recalcó Amador. Añadió que el 97% de las remesas provienen de mexicanos que viven en Estados Unidos, principalmente en California, Texas y Colorado.
El impacto social sería devastador para regiones enteras del país. Estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México figuran entre los principales receptores de estos envíos, los cuales sostienen comunidades enteras y, en muchos casos, suplen la falta de oportunidades laborales locales.
Gravar remesas golpearía a millones de familias mexicanas y violaría tratados internacionales: Gobierno de México
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente recordó que el Gobierno de México ya respondió formalmente a la iniciativa a través de una carta enviada el 13 de mayo a las autoridades estadounidenses, además de intensificar el cabildeo diplomático en Washington.
“El Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes discutirá la medida el 16 de mayo. Sabemos que se plantea como una vía para aumentar la recaudación en EE.UU., pero exentar a ciudadanos y residentes estadounidenses al tiempo que se carga el costo a los migrantes es un acto discriminatorio”, afirmó De la Fuente.
Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, reiteró que los tratados internacionales están diseñados para evitar precisamente este tipo de medidas inequitativas. “No se puede aplicar a los nacionales mexicanos en Estados Unidos un impuesto más gravoso que a los propios ciudadanos estadounidenses en iguales condiciones. Así lo dice el tratado”, explicó.
La presidenta Sheinbaum concluyó que su gobierno seguirá trabajando de forma coordinada con el cuerpo diplomático y jurídica del país para impedir que esta iniciativa prospere, asegurando que “defender los derechos de nuestros paisanos es también proteger el sustento de millones de familias en México”.
