Estado asumirá denuncia y persecución del delito de extorsión para proteger a víctimas
Con el objetivo de cerrar la brecha de impunidad y proteger la integridad de quienes sufren extorsión, el Gobierno de México planteó un cambio de fondo: trasladar al Estado la responsabilidad de denunciar y perseguir este delito, evitando que recaiga en la víctima, quien muchas veces calla por miedo.
La propuesta, presentada este martes por Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, no se limita a una reforma penal; busca transformar la forma en que se enfrenta uno de los delitos de mayor impacto social y económico para millones de mexicanos.
“Estamos proponiendo una respuesta estructural: que la extorsión deje de depender de la denuncia de quien es amenazado. Hoy, muchas personas enfrentan solos el riesgo de denunciar y eso ha permitido que este delito crezca”, advirtió Godoy.
La iniciativa propone modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir una legislación general en materia de extorsión, estableciendo un tipo penal único, agravantes y sanciones homologadas en todo el país. Además, reforzará la Estrategia Nacional contra la Extorsión lanzada el domingo por el Gabinete de Seguridad.
Víctimas sin miedo, Estado responsable
De acuerdo con cifras oficiales, la extorsión es uno de los delitos que más crece en México y, pese a considerarse grave, su persecución hoy depende casi totalmente de la denuncia de la víctima. Para las autoridades, esta dinámica genera un círculo vicioso de miedo, silencio y fortalecimiento de redes criminales.
Estado asumirá denuncia y persecución del delito de extorsión para proteger a víctimas
“Lo importante es quitarle ese peso a la víctima. Con esta reforma, será el Estado mexicano quien asuma la denuncia y la persecución de oficio. Se acabó la soledad de quienes temen represalias”, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum al respaldar la propuesta.
Una estrategia de alcance nacional
La reforma forma parte de una estrategia integral que incluye:
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Denuncia anónima a través del número 089.
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Unidades de investigación especializadas, antes dedicadas sólo a secuestros.
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Cancelación inmediata de líneas telefónicas usadas para extorsionar.
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Coordinación entre empresas de telefonía, fiscalías estatales y la federación.
A diferencia de otras iniciativas, esta no contempla endurecer las penas, sino garantizar que la extorsión se persiga en todo el territorio sin trabas burocráticas o miedo de la víctima.
Armonización en todos los estados
Una vez aprobada, la futura ley general obligará a los congresos locales a ajustar sus códigos penales. “No podemos permitir que haya estados con vacíos legales donde los criminales se aprovechan de la falta de coordinación”, señaló Godoy.
La Presidencia confía en que la propuesta obtenga respaldo mayoritario del Congreso este mismo año, para que la persecución automática se vuelva una realidad en cada rincón del país.
“No es sólo una reforma legal; es un mensaje claro: frente a la extorsión, las víctimas no están solas. El Estado mexicano se hará cargo”, subrayó la presidenta Sheinbaum.
