Debate en torno a la reforma a la Ley de Amparo: modernización o restricción de derechos
La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por el Ejecutivo al Senado abrió un nuevo frente de debate entre el Gobierno federal y diversos sectores de la sociedad civil, luego de que Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, defendiera que las modificaciones no debilitan esta figura jurídica, sino que buscan “modernizar la justicia” y evitar su uso como herramienta para encubrir delitos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Godoy subrayó que el proyecto propone digitalizar por completo el juicio de amparo, establecer notificaciones electrónicas y clarificar el cumplimiento de sentencias. Según explicó, el objetivo es agilizar los procesos y eliminar ambigüedades que retrasan la impartición de justicia.
Sin embargo, las restricciones que la propuesta plantea en torno a las suspensiones provisionales —especialmente en casos vinculados al sistema financiero o a resoluciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— han levantado críticas. Expertos advierten que estas limitaciones podrían dejar sin protección inmediata a personas cuyos derechos pudieran ser vulnerados por decisiones de autoridades administrativas o bancarias.
Debate en torno a la reforma a la Ley de Amparo: modernización o restricción de derechos
Otro punto que ha generado controversia es el relativo al congelamiento de cuentas bancarias. Aunque la iniciativa obliga a los jueces a garantizar recursos mínimos para obligaciones laborales, fiscales, alimentarias y de subsistencia, organizaciones civiles señalan que persiste el riesgo de que se afecte de manera indebida la defensa patrimonial de los ciudadanos.
Godoy sintetizó la postura oficial con una frase contundente: “Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad”.
No obstante, voces críticas en el ámbito legal y político sostienen que detrás de esta visión se esconde un riesgo de reducir garantías constitucionales, lo que podría afectar a ciudadanos inocentes bajo investigaciones en curso. El Senado será ahora el escenario de un debate que pondrá a prueba el equilibrio entre la modernización del sistema judicial y la preservación del derecho de defensa en Méx
