Quintana Roo se une al Paro Nacional de Trabajadores del Poder Judicial
El personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Quintana Roo se manifiesta en contra de la Reforma Judicial promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que esta reforma podría implicar un retroceso en la impartición de justicia y en los derechos humanos.
Aproximadamente 550 trabajadores de nueve juzgados federales, un centro de justicia, el Tribunal Colegiado de Circuito y el Vigésimo Séptimo Colegiado con sede en Cancún están participando en la protesta.
El paro nacional, que comenzó a las 24:00 horas de ayer, ha sido organizado por al menos 30 mil empleados de diversos niveles del PJF.
En la actualidad, el Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, está trabajando en la redacción del dictamen final de la reforma, el cual será revisado por la próxima Legislatura Federal, en la que la Cuarta Transformación (4T) tendrá una Mayoría Calificada en los órganos colegiados.
Quintana Roo se une al Paro Nacional
Los trabajadores del PJF han manifestado que en las mesas de diálogo previas a la elaboración del anteproyecto no se tomó en cuenta su postura. Afirman que el dictamen representa una regresión en la impartición de justicia y un retroceso en materia de derechos humanos, lo que ha generado un rechazo generalizado entre los empleados del PJF.
Esta mañana, el personal de los juzgados federales en Quintana Roo se unió al paro nacional. Nora Abreu Zapata, oficial judicial C del Juzgado VI de Distrito, explicó que la protesta busca fomentar la apertura y las negociaciones con los encargados de tratar este tema en el Congreso de la Unión.
“En los diálogos nacionales previos no se consideró la postura de los trabajadores… En Quintana Roo tampoco hubo apertura en los organizados por el Estado y Morena… El Poder Judicial del Estado también está cerrado a dialogar”, enfatizó Abreu Zapata.
Abreu Zapata denunció que el dictamen discutido en el Congreso de la Unión parece tener objetivos políticos, generando incertidumbre en cuanto a las prestaciones de los trabajadores.
La disolución del Consejo de la Judicatura Federal, que funcionaría como el “patrón”, implicaría la pérdida de derechos y prestaciones, y la iniciativa no aclara las Condiciones Generales de Trabajo.
Además, los manifestantes señalan que el dictamen está más fundamentado en consideraciones políticas que en cuestiones legales, lo que resulta en inconsistencias en el ámbito legal.
La reforma también limita la interpretación jurídica, contraviniendo el Principio Propersona y el Control de Convencionalidad, lo que a su vez va en contra de los Derechos Humanos y de la adecuada impartición de justicia.
Abreu Zapata destacó que la protesta nacional se ha adelantado debido a las condiciones políticas que rodean el tema, a pesar de que originalmente estaba prevista para el miércoles.
“En un paro de maestros, los estudiantes se quedan en sus casas… Sin embargo, en nuestro caso, ¿qué pasaría si no atendemos un amparo que pone en riesgo la vida o integridad de una persona? Es algo que las autoridades deben considerar”, advirtió.
El movimiento de protesta, encabezado por ministros, magistrados y jueces, sigue una línea paralela. Abreu Zapata lamentó la falta de apertura para la concertación en la entidad y la negativa del Poder Judicial del Estado (PJE) a permitir unificación de criterios y fortalecer la defensa.
Con la aprobación de la Reforma Judicial, se espera que en 180 días se aplique en las entidades. Por ahora, solo se atenderán los amparos, y en las próximas horas se definirán las condiciones del paro.
