Fraccionamientos irregulares Ruta Cenotes desmantelados
Operativos recientes contra fraccionamientos irregulares en la Ruta de los Cenotes
El pasado 12 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, llevó a cabo un cateo en un predio ubicado junto a la vía Puerto Morelos–Leona Vicario, popularmente conocida como la “Ruta de los Cenotes”. El operativo tuvo lugar luego de una denuncia presentada ante la Fiscalía especializada en delitos ambientales, fauna y desarrollo urbano. Las autoridades aseguraron el terreno y colocaron sellos oficiales tras incautar retroexcavadoras, maquinaria pesada para perforar pozos, herramientas de chapeo y viviendas en construcción, entre otros indicios.
Fraccionamientos irregulares en Puerto Morelos: una red con años de operación
Este hecho se suma a otros operativos previos: el 5 de marzo de 2025, se clausuraron dos desarrollos sin permisos en la misma Ruta de los Cenotes. Y en marzo, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano, Sustentable (Sedetus) encabezó un operativo interinstitucional que clausuró varias colonias irregulares —como Las Fincas, Tunben-Kah, Senderos de la Selva y Palma Areca— todas sin permisos ambientales ni certeza jurídica para los compradores.
Las reglas del juego: fracturar predios sin garantías legales
En este esquema delictivo, fraccionadores identifican extensiones de tierras ejidales o nacionales, las subdividen en lotes y las ponen a la venta con contratos privados, sin escrituras ni permisos. A menudo prometen “escrituración futura” e incluyen facilidades de pago y precios bajos, aunque en la mayoría de los casos nunca se concreta la certeza jurídica. Además, estos lotes rara vez cuentan con permisos de impacto ambiental, licencias de construcción o infraestructura básica.
Víctimas invisibles y desafíos estructurales
Quienes compran estos terrenos —familias de otros estados o incluso extranjeros— descubren tarde que no pueden inscribir legalmente el terreno, que está en zona protegida o en litigio ejidal. Muchas veces pierden su inversión cuando autoridades clausuran o aseguran los predios. A ello se suma la falta de apoyo para la regularización: en Leona Vicario, más de 40 ejidatarios protestaron ante el Ayuntamiento por las clausuras, acusando que aunque buscan ordenamiento, no reciben orientación ni mecanismos para legalizar sus lotes.
Hacia una solución integral
Las autoridades aseguran que los operativos recientes evidencian un nuevo enfoque: frenar la depredación ambiental y el fraude inmobiliario. No obstante, expertos advierten que para desmantelar estas redes se requiere inteligencia financiera, seguimiento a rutas de comercialización y protección legal para compradores afectados. Solo así se podrá impedir que las víctimas carguen con los costos de fraudes que no provocaron.
