José Luis Moyá es señalado de buscar beneficios en prisión
Las quejas, que incluyen la supuesta falta de atención médica, son una estrategia para presionar a las autoridades y obtener un trato preferencial.
Por Antonio Carrera
José Luis Moyá Moyá, el autollamado zar de las solicitudes de información, está siendo acusado de buscar un trato privilegiado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, según fuentes del propio centro penitenciario.
A casi un año de su detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Moyá habría manifestado su temor por su vida, alegando amenazas y agresiones físicas.
Las fuentes consultadas señalan que estas quejas, que incluyen la supuesta falta de atención médica, son una estrategia para presionar a las autoridades y obtener un trato preferencial. Moyá Moyá se encuentra encarcelado desde octubre de 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra.
La detención de Moyá se produjo tras una investigación de la FGJCDMX por presuntas acusaciones de extorsión. Un video que circula en YouTube, supuestamente, detalla irregularidades financieras de Moyá y su familia.
El material señala que su madre, Rosa María Moyá, de 87 años, habría realizado transferencias millonarias sin una actividad empresarial conocida.
A pesar de su imagen pública como promotor de la transparencia, Moyá ha sido acusado por diversas fuentes de utilizar la información obtenida a través de solicitudes de acceso para beneficio personal o para extorsionar a empresarios y funcionarios.
En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación.
Moyá incluso admitió públicamente en 2014 que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información para influir en licitaciones públicas.
“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”, declaró entonces ante senadores.
Un juez lo vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva, mientras se determina su situación legal.
También se ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias para impedir movimientos de fondos presuntamente ilícitos.
