Encuesta revela amplio respaldo social a lineamientos de alimentación en escuelas
Familias reportan cambios positivos en hábitos y economía local
Ciudad de México, 3 de septiembre de 2025.– Al inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Alianza por la Salud Alimentaria, en coordinación con UNICEF México y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentó los resultados de la Encuesta Nacional “Percepción de Madres y Padres sobre Lineamientos en Escuelas”, un ejercicio que confirma la aceptación y los beneficios de la regulación de alimentos y bebidas dentro de los planteles educativos.
El estudio, realizado por la agencia Dinamia con una muestra representativa de 900 entrevistas y un nivel de confianza del 95%, arroja un respaldo contundente: 9 de cada 10 padres y madres apoyan los lineamientos y un 84% respalda la prohibición de comida chatarra en entornos escolares.
Cambios en la alimentación familiar y en los entornos escolares
De acuerdo con la encuesta, los resultados no se limitan a las aulas. El 71% de madres y padres reportó enviar loncheras más saludables y el 60% observó que sus hijos consumen más frutas y verduras desde la implementación de los lineamientos. Además, 5 de cada 10 entrevistados comenzaron a comprar alimentos a productores locales o pequeños comercios, lo que refleja un impacto positivo en las economías comunitarias.
Dentro de los planteles, se identificaron mejoras sustanciales en la oferta alimentaria:
- 73% de las escuelas venden frutas y verduras.
- 71% ya no venden refrescos.
- 59% dejaron de ofrecer otras bebidas azucaradas.
- 68% eliminaron la venta de comida chatarra.
- No obstante, el 56% aún carece de bebederos o dispensadores de agua, lo que representa un reto inmediato para garantizar entornos escolares más saludables.
Un problema de salud pública con alto costo económico
La urgencia de estas medidas se enmarca en la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil. En México, 1 de cada 4 niñas, niños y adolescentes vive con esta condición, y se estima que de no aplicar políticas efectivas la cifra podría alcanzar el 56% en 2035.
El impacto económico es alarmante: el Estado destina alrededor de 650 mil millones de pesos anuales para atender enfermedades relacionadas con la obesidad, equivalente al 95% del presupuesto de la educación básica en el país.
Voces expertas e internacionales
Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, destacó que “en tan solo cuatro meses de implementación se lograron avances que no se habían registrado en 15 años”, lo que evidencia un cambio estructural en la cultura alimentaria escolar.
Encuesta revela amplio respaldo social a lineamientos de alimentación en escuelas
Por su parte, Isabel Ferré, oficial de Nutrición en UNICEF México, subrayó que estos lineamientos “tienen el potencial de mejorar no solo la nutrición, sino también la salud física, mental y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes”, además de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En tanto, Vivian Pérez Jiménez, asesora de la OPS, celebró la eliminación de productos ultraprocesados con sellos de advertencia y la inclusión de menús nutritivos, calificando estas medidas como un paso decisivo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
Retos y próximos pasos
A pesar de los avances, las organizaciones alertan que el reto ahora es asegurar la aplicación efectiva en todas las escuelas del país. Para ello recomiendan:
- Acompañar la implantación de los lineamientos en cada plantel.
- Fortalecer procesos de capacitación y monitoreo.
- Garantizar acceso universal a agua potable.
- Desplegar campañas de comunicación con enfoque de derechos.
Además, subrayaron que estas medidas deben articularse con un paquete de políticas públicas más amplio, que incluya la promoción de la lactancia materna, impuestos a productos no saludables, prohibición de publicidad de ultraprocesados dirigida a menores y fortalecimiento del etiquetado frontal de advertencia.
Contexto normativo
Los nuevos lineamientos de alimentos y bebidas escolares entraron en vigor el 30 de septiembre de 2024 y su cumplimiento es obligatorio y sancionable desde el 29 de marzo de 2025. Representan la primera política en 15 años que muestra resultados positivos tangibles en la transformación de los ambientes alimentarios escolares.
